Lo peor: dos empresas, Torsal y Marquinaria y Equipo Pesado, son de casa, o sea de Roberto Romano, el secretario, y han sido las más beneficiadas.
Una de las primeras obras del sexenio se encargó de embellecer la Casa de Gobierno, allá por los inicios de 2011. ¿La constructora?: Torsal, cuya propietaria, Leticia Romano, resultó -según las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), con copias en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias, como el CEN del PRI (ahorita le platico por qué)- ser la gran beneficiada por una novedosa estrategia, única en esta administración.
1.- La Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) declaró desiertas múltiples obras (el remozamiento de la casa de gobierno es una entre decenas). Entonces comenzaron las adjudicaciones directas.
2.- Aparecen dos constructoras con el mismo domicilio fiscal, Melchor Ocampo No. 48, Tecolotla, Antonio Carvajal, C.P. 90608. Ambas, beneficiarias de más de la cuarta parte de las obras por adjudicación directa. La primera: Torsal S.A. de CV, y la segunda, Maquinaria y Equipo Pesado SA de CV.
3.- Ante tal evidencia, los auditores investigaron obra por obra, hecho que les llevó a un hallazgo relevante. Al frente de Torsal y Maquinaria y Equipo Pesado, se encuentra Leticia Romano.
4.- La señora Leticia Romano, es hija del señor Roberto Romano Montealegre, quien puntualmente cobra como Secretario de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi).
Esta es una de las causas que originaron la reprobación de la cuenta de dicha dependencia.
Otra, tiene que ver con el incremento, en ocasiones hasta de 300 por ciento, en el costo de las obras. Pruebas en poder de los auditores documentan reiterados casos de caminos y otro tipo de trabajos, presupuestados tres veces más de su costo real.
Según versiones del secretario, «la asignación de la obra pública en Tlaxcala se efectúa en estricto apego a la ley en la materia y está abierto a la competencia de todas las empresas que tengan capacidad técnica y financiera para la ejecución de los proyectos», según lo difundió la coordinación de Prensa y Relaciones Públicas.
Tan solo en el presente ejercicio fiscal, «como resultado de las licitaciones, más del 70 por ciento de las empresas que han obtenido algún contrato corresponden a firmas locales» (como Torsal y Maquinaria y Equipo Pesado).
«En el presente ejercicio se han adjudicado un total de 27 contratos correspondientes a 26 obras y un servicio y de esta cantidad se han generado 19 adjudicaciones a constructoras tlaxcaltecas», informó el funcionario, cuya cuenta pública enfrenta la más escandalosa condena de parte de los auditores del OFS, con cantidades en suma con los estados financieros de los que le hemos informado: USET, SESESP, COPLADET, ITIFE, y otros que faltan, superan los mil millones de pesos.
Y lo curioso es que ahora que se ventilaron las auditorías al gobierno del hacendado Mariano González Zarur, la sospecha de la filtración de los documentos apuntan al OFS y su auditor, Luciano Crispín Corona Gutiérrez, sin embargo nada más lejos de la realidad, porque lo que quizá no entiende el mandatario es que el enemigo es de casa y la recopilación de información para desacreditarlo crece dada día.
Una administración sui géneris
Poco importa el veredicto de representantes populares y de personajes o grupos críticos al actual sistema, en la particular forma suya de ejercer el poder.
Una versión sostenida y creciente al interior del Palacio de Gobierno, es esa presión a todas las dependencias ejercida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) legítima, claro y necesaria, siempre y cuando no se trate de un extraño ente dedicado a la venta de protección, como ocurre, según nos dicen funcionarios altos y no tan altos, pero hartos de enfrentar esa táctica muy parecida al terrorismo fiscal.
Pero, al titular de la Función Pública, ¿quién lo audita?
Supondríamos que este funcionario tiene la oportunidad de pregonar transparencia y modestia con el ejemplo, buscando que sus compañeros de gabinete hagan eco a esa política de austeridad, dictada por el gobernador Mariano González.
En los hechos esto no sucede. Creo que la opulencia ha dominado la balanza… júzguelo por usted mismo.
1.- Este funcionario, una especie de zar de la transparencia, dispone de tres choferes: David Valencia Filemón, Modesto Serrano, Hernández y Gerardo Morales Dávila (este último con algunos pendientes con la justicia).
2.- En consecuencia, dispone de tres lujosas camionetas (oiga, ¿de qué país es secretario?: Una Captiva de color negro y modelo reciente, placas XVE 9880; una Ford Explorer, también de color negro y casi nueva, placas 191 WWG; otra opulenta camioneta doble cabina (como las que usan los sicarios en El Infierno) nuevecita, de color blanco, placas WZ 59862.
3.- Desafiando la esencia de su puesto, tiene trabajando en el gabinete a algunos familiares: José Leonardo Lunma Gozález (suegro, panista), que labora en la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas. Leonardo Luna Ramírez (cuñado) quien se desempeña como director jurídico del DIF estatal.
4.- Cuenta además con asesoría externa: su hermano: Ignacio Temoltzin Carreto (el mismo que denunció a los notarios y que hoy se apuntó para ser consejero del IET).
Le reitero la duda, y al secretario de la Función Pública, ¿quién lo puede sancionar?