La descalificación oficial de la investigación de e-consulta quedó para mejores momentos; hoy el gabinete vive un cisma por la incapacidad de funcionarios, su deslealtad y temeridad, al dejar correr lo que hoy se traducirá en su inminente despido.
La pregunta es: ¿por qué tuvieron que pasar quince meses del sexenio para que el gobierno de Tlaxcala viese corrupción en el contrato signado con Cemex para la construcción de la Central de Abasto (CAT)?
Al margen de cualquier planeación, de un análisis sesudo respecto al contenido leonino del clausulado penalizante que agrava a dicho convenio, un puñado de funcionarios perfectamente enterados de los riesgos, dejó correr la suspensión de la obra edificada en el municipio de Xaltocan y, con ello incumplió varias de las cláusulas acordadas.
En consecuencia, activó la millonaria indemnización de 320 millones de pesos, pactada entre la institución (el gobierno estatal) y el particular (Cemex), más doscientos mil pesos diarios durante un año y diez días, que es el tiempo transcurrido a partir de aquél 15 de marzo de 2011, cuando la administración González Zarur, observó con una lente política un contrato con el contenido blindado a prueba de tales posibilidades.
Atrás quedó la versión oficial inculpando a un medio digital de manipular información de manera dolosa y maliciosa. La nota resultó cierta. Y tal vez lo más angustiante que demostró el texto fue la deslealtad del secretario de Obras, Roberto Romano Montealegre, del director de Desarrollo Urbano, David Lima, de la propia secretaria de Desarrollo Económico, Adriana Moreno Durán y de varios mandos medios, de la contraloría y Secoduvi a quienes el gobernador Mariano González Zarur reclamaría su ineficacia en los siguientes términos:
“¿Por qué no me informaron a tiempo el contenido del contrato?… me entregaron”.
Hoy, el mandatario se entera de estos pormenores desde los Estados Unidos, el destino al que se dirigió a pasar la temporada de Semana Santa, según lo filtraron en Palacio.
En la víspera se dieron tremendas reuniones.
Los golpes en la mesa ni siquiera se hicieron presentes, como en cambio sí el regaño y presunto despido del team encargado de mostrar al gobierno como un ente insensible e ignorante de los riesgos que se decidió a correr, pese saberse limitado por un contrato como suelen ser los pactos entre gobiernos y particulares, donde el incumplimiento de cualquiera de los dos provoca una avalancha de castigos.
Otro aspecto horrorizante tras el incumplimiento de contrato mediante la suspensión de la CAT es la pérdida de al menos mil 500 empleos directos y entre 300 y 400 indirectos, durante la construcción y puesta en marcha de la controvertida obra.
Conste que este conflicto ha sentado un negativo precedente de Tlaxcala en el plano nacional. Inversionistas en posibilidad de traer su dinero a la entidad lo van a pensar dos veces antes de pactar con un gobierno que primero vulnera un contrato suspendiendo una obra millonaria y a los quince meses, encarga a un operador que ni siquiera es parte del ejecutivo, quien además ha sorteado gracias al fuero una serie de severos pendientes con la justicia.
Viendo el caso CAT desde un ámbito macro, el movimiento económico calculado por su influencia regional ascendería en promedio a 30 millones de pesos al día; 900 millones al mes y anualmente casi una cantidad similar al presupuesto anual allegado en su gran mayoría a través del gobierno federal.
El problema no es sencillo.
A la par que colapsó la imagen de la entidad gobernada por un empresario del que se esperaba más, la crisis del gabinete y el presunto despido del consejero jurídico, del despacho García Domínguez, de los jurídicos de Secoduvi y hasta de la Secretaría de Finanzas, nos tienen en este momento en absoluto estado de indefensión.
No sólo nos mostramos vulnerables ante un contrato leonino pero acordado por ambas partes, sino con el paso del tiempo, dependientes de un diputado como Gregorio Cervantes que, a resumidas cuentas es el único que da la cara por el gobierno, sin tener la obligación de hacerlo, pero con la imposibilidad de trascender en los tribunales, que es donde debería ventilarse este caso.
Si el gobierno de González, antes que otra cosa hubiese impugnado el contrato con Cemex, habría dispuesto del tiempo necesario para valorar una futura disputa legal con la poderosa firma.
Pero escogió el camino menos indicado.
Si el escándalo generado por la indemnización de 320 millones de pesos ha sido mayúsculo, qué no se podrá decir de los 30 millones de pesos diarios que se habrían movido con la CAT en funciones, los empleos directos e indirectos.
Si el problema era la autoría, pues nadie habría impedido la colocación de una gran placa alusiva a la intervención de un nuevo gobierno para hacer realidad una obra pactada en tiempos idos, pero con posibilidades de ser grande en la actualidad.
No quisiera estar en los zapatos de Adriana Moreno, Roberto Romano, David Lima, Marco Antonio Díaz y otros tantos altos y medios mandos que, le fallaron feo a Mariano y ocasionaron pérdidas incuantificables a la economía de la entidad.