Los escasos premios dentro de la administración estatal que había para lorenistas parece ser que pronto se agotarán, cuando en los siguientes días el Congreso del Estado designe al desprestigiado abogado Miguel Sánchez Ramírez como magistrado del Tribunal Superior de Justicia en lugar del jurista Fernando Bernal Salazar.
Ese charlatán y embaucador, podría quedarse con el último premio, porque los demás ya fueron repartidos y no, necesariamente a lorenistas puros, de ahí que sólo unos cuántos pueden presumir que fueron beneficiados con una posición de poder sin merecerla.
Miguel Sánchez pronto dejará el inoperante y fracasado Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual costó este año más de 18 millones de pesos sin aportar ningún peso o beneficio a las arcas estatales, sobre todo porque ese abogado trinquetero se comprometió a generar más de 150 millones de pesos durante el 2024.
Pese a sus fracasos, transas y desprestigio, el ex director Jurídico de la Secretaría de Gobierno se prepara para obtener el último premio dentro de la administración lorenista, el cual obviamente no merece ni tampoco se lo ha ganado.
Y con esa entrega, prácticamente se habrán acabado los premios importantes en la administración pública estatal.
Se consideran premios porque no sólo se trata de cargos relevantes, sino que además implican buenos ingresos y sobre todo porque los puestos públicos trascienden después de que concluya en agosto del 2027 el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
Por ejemplo, uno de los galardones más importantes que ya fue entregado fue la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior que quedó en manos del castrado Arturo Lucio Salas Miguela, quien asumió el cargo el 2 de noviembre del año pasado y dejará su responsabilidad hasta el 1 de noviembre del 2030.
Ahí se premió a un contador sin trayectoria y de cuarta división que nunca fue visto como un lorenista de convicción o de trabajo.
Otros que fueron recompensados son los actuales magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala. El primero fue el ex marianista y ex priista Elías Cortes Roa, quien sin ser un miembro distinguido del actual grupo en el poder consiguió su ratificación, por lo que se mantendrá en el puesto hasta enero del 2026.
A él hay que agregar al también magistrado de ese tribunal Manuel Vázquez Conchas, considerado como un lorenista puro que fue beneficiado con esa responsabilidad que detentará hasta agosto de 2030.
Los magistrados del TSJE que fueron premiados, pero que por la reforma al Poder Judicial podrían ser removidos o electos nuevamente en caso de que participen en la elección que se organizará para tal propósito se encuentra Enrique Acoltzi Conde, quien sin el cambio a la ley se hubiera mantenido hasta julio del 2028.
Se trata de un jurista ajeno a los lorenistas y sin reconocimiento de ese grupo político.
También los premios se entregaron a mujeres con cercanía, trabajo y trayectoria en el Poder Judicial, como la actual presidenta del TSJE, Anel Bañuelos Meneses que en teoría debería terminar su periodo en enero del 2026, Fanny Margarita Amador Montes que si no hubiera concretado la reforma concluiría su designación hasta noviembre del 2027, así como Marisol Barba Pérez que su periodo vencería en abril de 2028.
En fin, hay quienes piensan que la mandataria Cuéllar no ha sido leal con los lorenistas de hueso colorado, trabajo y trayectoria, no sólo porque fueron excluidos de los premios, sino también de las posiciones relevantes dentro del gabinete legal y ampliado.
Tan sólo en el gabinete legal se puede observar la presencia de funcionarios foráneos que hoy son los que controlan el gobierno, empezando por el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández que detenta la Secretaría de Gobierno, el nacido en Quintana Roo Alberto Perea Marrufo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el oriundo de la Ciudad de México Rigoberto Zamudio Meneses en la Secretaría de Salud, el veracruzano Pedro Aquino Alvarado en la Secretaría del Medio Ambiente, el nacido en Jalisco con fuertes nexos poblanos Diego Corona Cremean en la Secretaría de Infraestructura, los poblanos Javier Marroquín Calderón y Ramiro Alberto Vivanco Chedrahui, titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Oficialía Mayor de Gobierno, respectivamente y finalmente el chilango Octavio Ortega Velio Mejía en la Coordinación de Comunicación.
Sencillamente lo que se ve no se juzga.
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