La administración estatal de Lorena Cuéllar Cisneros parece que está perdiendo la batalla ante la inseguridad y la impartición de justicia.

 

 

Por más que lo intentan, las autoridades tlaxcaltecas no encuentran el camino o la ruta que les permita salir de la severa crisis de seguridad que enfrentan desde el inicio del actual gobierno y que se ha visto agravada desde la lamentable llegada del foráneo secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo.

 

Los homicidios de mujeres de todas las edades continúan, las ejecuciones de varones también, así como tampoco se ha podido frenar que Tlaxcala siga siendo un tiradero de cadáveres.

 

Los expedientes se siguen acumulando en la Fiscalía General de Justicia del Estado sin que las investigaciones arrojen resultados positivos que lleven a detener a los asesinos y a los responsables de tanta violencia en la entidad.

 

Los asuntos de alto impacto o de relevancia mediática siguen pendientes y en algunos casos, existen más dudas que certeza sobre las investigaciones y las conclusiones a las que llegaron las autoridades responsables.

 

Ejemplos sobran, como el asunto de Edson N., acusado del asesinato del ex diputado panista Omar Milton López Avendaño, cuyo cuerpo semidesnudo y con signos de violencia fue encontrado el pasado 24 de diciembre del 2021 en los campos deportivos del “Potrero” en la comunidad de Tizatlán del municipio de Tlaxcala.

 

Ayer un juez del Poder Judicial de Tlaxcala resolvió dejar en libertad a Edson N., pues consideró que el Ministerio Público fracasó en su intento por aportar pruebas y elementos para obtener una sentencia.

 

Y si bien la Fiscalía General de Justicia del Estado anunció que impugnará la decisión del juez, lo cierto es que puede salir exhibida cuando quede claro que no pudo comprobar fehacientemente la culpabilidad del acusado.

 

Otro expediente es el de la joven de Huamantla Ana Laura López Loaiza, desaparecida en los primeros meses del 2022. El principal sospechoso, su novio Juan Carlos N., fue torturado por agentes de investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado, hecho que terminó por arrebatarle la vida al detenido.

 

El caso de Ana Laura no se ha resuelto y sólo un ex agente de la PGJE permanece en la cárcel como presunto responsable de la muerte del que era el principal sospechoso de la desaparición de la joven.

 

Un asunto más es la misteriosa muerte de la empresaria Donaji M., dueña de la pastelería “Donna.mx” y esposa del influyente ex funcionario lorenista Delfino Chamorro Macías. El hecho ocurrió en septiembre del 2022 y la PGJE en una inédita y rápida investigación determinó que la madre de dos hijos se suicidó, hecho que la familia y las amigas desestimaron porque argumentaron que la mujer era víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja sentimental.

 

En los hechos nadie creyó la versión de las autoridades tlaxcaltecas sobre el suicidio, porque siempre ha prevalecido la hipótesis de que la mujer perdió la vida en otras circunstancias.

 

Le podría seguir mencionando casos y hechos que evidencian que el gobierno lorenista debe revisar su actuación y cambiar o corregir lo que no está funcionando antes de que sea demasiado tarde.

 

La Fiscalía General de Justicia en el Estado que sustituyó a la Procuraduría General de Justicia en el Estado pronto estará en el ojo del huracán y la exigencia de que dé resultados no se hará esperar, sobre todo porque los hechos violentos son la constante en la entidad que según el discurso oficial es de las más seguras del país.

 

No son pocas las voces en el estado que demandan que el reciente asesinato de la alumna del Cobat de Ixtacuixtla, Alina N., se esclarezca a la brevedad y se encarcele al o los responsables de su muerte que se confirmó el pasado lunes por la tarde noche.

 

Entre el imaginario colectivo existe desánimo y preocupación porque nadie percibe que en Tlaxcala haya justicia y se aplique la ley a los responsables de los hechos violentos.

 

La seguridad en la entidad está para llorar y los delitos que se cometen todos los días y que se conocen a través de los medios de comunicación confirman que Perea Marrufo está rebasado y que la Fiscalía General de Justicia del Estado no está dando resultados.

 

O usted no piensa lo mismo.

 

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