Una declaración que pasó desapercibida, pero que dio tranquilidad a los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue la que emitió la semana pasada el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien en un evento del Poder Judicial aseguró que en la entidad no hay prisa para poner en marcha la reciente reforma aprobada por el Congreso de la Unión que ordenó la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Los legisladores federales dieron un plazo de seis meses a los estados para que sus respectivos Congresos aprueben las reformas a fin de replicar los cambios avalados a nivel federal, con la salvedad de que podrán optar por hacer la elección de magistrados y jueces en marzo del otro año o a más tardar en el 2027.
A los diputados y a las diputadas tlaxcaltecas el tema no les ha merecido ninguna importancia ni comentario, pues como su labor se limita a recibir órdenes y aprobar todo lo que sea enviado por su jefa la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, es decir, están a la espera de recibir la línea que les marquen para hacer la reforma local sobre la elección de los futuros impartidores de justicia en la entidad.
Para nadie es desconocido que en la actualidad el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, el ex perredista y hoy neomorenista Ever Alejandro Campech Avelar, es un títere y una figura decorativa, porque sin ningún rubor siempre contesta cuando algún legislador le pregunta algo sobre una reforma o situación del Poder Legislativo que “preguntará” a la amiga (la ex diputada Marcela González Castillo) para saber qué dice y si lo autoriza o no.
Los diputados locales están tan devaluados y sobajados, que incluso sus eventos en el Congreso del Estado y la dotación de aguas, galletas, refrescos o de cualquier otra cosa que se usen debe ser autorizado por “la diputada 26”, o sea la operadora del lorenismo, Marcela González, quien es la que decide si le dan o no lo que solicitó el legislador.
Por esa razón, nadie pela a los diputados o las diputadas, porque sencillamente no deciden ni controlan nada, de ahí que las declaraciones del “legislador 27”, el morelense que se desempeña como secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez, dieron luz, pero sobre todo tranquilidad, a los magistrados lorenistas que han sido designados en la actual administración estatal como Anel Bañuelos Meneses, Fanny Margarita Amador Montes, Marisol Barba Pérez, Enrique Acoltzi Conde y la ex marianista hoy morenista de conveniencia que fue ratificada en el puesto Mary Cruz Cortés Ornelas, porque recibieron la noticia de que sus relevos serán elegidos en una elección que se llevará a cabo hasta el 2027.
Insisto, las palabras de Ramírez Hernández pasaron desapercibidas para muchos, pero no para los que tenían temor e incertidumbre, ya que al menos el lorenismo dejó entrever que esos amigos y otros más como Luz María Vázquez Ávila y Manuel Vázquez Conchas, magistrados recientemente nombrados en el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala, podrán mantenerse en sus cargos por tres años.
Si no me cree puede usted preguntar a los asistentes al evento celebrado el pasado miércoles en las instalaciones de TSJE donde estuvieron los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Tlaxcala que acudieron a una mesa de trabajo con el secretario técnico de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, el magistrado Eliseo Juan Hernández Villaverde.
Seguramente la mayoría de los diputados y las diputadas tlaxcaltecas dejarán correr el tiempo y cuando vaya a vencer el plazo de seis meses que se otorgó para aprobar las reformas en el ámbito estatal, harán los cambios pertinentes a la Constitución y a las leyes locales, donde se confirmará que la elección de los jueces y magistrados en Tlaxcala será hasta el 2027.
En unos días más seguramente se olvidarán de sus ímpetus democráticos y de sus sueños de cambiar la impartición de justicia y el Poder Judicial de Tlaxcala, ya que deberán aprobar el procedimiento legislativo para designar al reemplazo del magistrado del TSJE, Fernando Bernal Salazar, cuyo periodo vence el próximo 23 de octubre, de ahí que su lugar deberá ser ocupado por otro amigo o recomendado de la mandataria estatal.
En unos días conoceremos quién es el afortunado o la afortunada.
Para concluir, le cuento que anoche trascendió una nueva baja en el gabinete ampliado de la gobernadora Cuéllar. Se dice que el ex panista Javier Israel Tobón Solano, titular de la Comisión Estatal de Tratamiento de Agua de Tlaxcala habría sido despedido.
En las próximas horas se sabrá si fue cierto o sí sólo se trató de un rumor.
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