La realidad es cruel, devastadora y a lo mejor hasta injusta.
El gobierno de Tlaxcala nomás no encuentra la fórmula o el modo para convencer a los ciudadanos y a las ciudadanas que la seguridad sí existe y que se pueden sentir sanos y salvos en una entidad donde un día hay ejecutados, en otro un linchado, en el siguiente la aparición de un cadáver con evidentes signos de violencia y en otro más un feminicidio.
Obviamente la llegada de elementos de la Guardia Nacional, la Marina y del Ejército disque para reforzar la seguridad es una vacilada porque no sirve de nada y menos para blindar los límites entre Puebla y Tlaxcala donde el pasado fin de semana se movilizaron más de 400 uniformados, porque al final nos enteramos que durante la mañana del sábado fue abandonado un cadáver que estaba embolsado en unos terrenos de labor del municipio de San Pablo del Monte, como ha venido sucediendo cotidianamente.
Se podrá negar la realidad y la existencia del crimen organizado, pero es claro que hay indicios de que éste ya opera y pone su sello en hechos aterradores, como en la ejecución de una familia registrada el pasado viernes en la comunidad de San José Xicohténcatl del municipio de Huamantla.
De acuerdo con la información disponible, el multihomicidio involucró a dos hombres, una mujer y un menor edad, mismos que fueron asesinados presuntamente por los miembros de una banda rival dedicada al robo de autopartes.
La violencia que se vive en la entidad es exponencial y cada día, semana y mes que pasa se comprueba que el secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, el marino Alberto Perea Marrufo y su fallida estrategia para contener a los criminales no funcionan, es decir, son un total fracaso.
El gobierno lorenista ya recurrió al discurso del blindaje, al del reforzamiento de la seguridad con la presencia de más elementos de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército, al de la inversión millonaria en tecnología y equipos y al de la prensa amarillista, sin embargo la violencia ahí sigue, los homicidios dolosos siguen aumentando, el linchamiento de personas continua, el tiradero de cadáveres se mantiene y los feminicidios y los robos con violencia son la constante en el territorio tlaxcalteca .
También podrá argumentar que se tuvo otro fin de semana atípico para justificar la ejecución de una familia en Huamantla, el linchamiento de un presunto ladrón de un automóvil en Terrenate, el abandono de un cuerpo con signos de violencia en San Pablo del Monte y el atroz asesinato a balazos de una mujer a manos de su ex pareja en el municipio de Zacatelco, pero la realidad es que la entidad está siendo golpeada por una ola delictiva que no se ha podido frenar ni contener.
Probablemente aparezcan otras líneas discursivas inventadas por aquellos magos de la comunicación que llegaron a la entidad o nuevos pretextos para no reconocer el grave problema que hay en Tlaxcala, lo cual de nada servirá porque entre el imaginario colectivo del estado la percepción sobre la inseguridad va a la alza al igual que la sensación negativa sobre el desempeño del gobierno que encabeza la mandataria Lorena Cuéllar.
La gobernadora ha trabajado y no ha parado en invertir recursos para mejorar la seguridad, sin embargo me parece que lo que ha fallado es su equipo de colaboradores, principalmente el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea, quien sigue mintiendo y manipulando las cifras para ocultar su manifiesta incapacidad.
La semana pasada durante una visita al municipio de Tepetitla de Lardizábal, la mandataria fue testigo de los reclamos de los vecinos en materia de seguridad. “Necesitamos vigilancia y la presencia de la policía porque el huachicol está creciendo y controlando todas las actividades ilícitas, lo cual nos da miedo y nos preocupa porque los elementos y las patrullas jamás vienen y menos cuando se les requiere”, le increparon a la gobernadora.
Lo anterior es una muestra del malestar ciudadano que ya se hizo presente en un evento oficial del gobierno estatal donde supuestamente se tiene todo controlado.
Y ya que hablamos de seguridad y de sus directivos, le cuento que un primer acuerdo entre el gobierno lorenista y la administración municipal de Huamantla que preside el alcalde Salvador Santos Cedillo, tiene que ver con el control de la policía de ese pueblo mágico, el cual quedó en manos de Francisco Javier Carreto Gámez, quien llegó a propuesta de la mandataria Lorena Cuéllar.
Lo cual resulta positivo porque ahora tanto el gobierno estatal como municipal serán corresponsables de la seguridad de Huamantla y ésta ya no será un asunto exclusivo del alcalde verde ecologista.
Ex alcaldes en fuga
El tibio auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Arturo Lucio Salas Miguela, ya empezó a armar la lista de los posibles ex presidentes municipales que, según él, podrían enfrentar la ley por sus desórdenes administrativos y sus probables daños patrimoniales a los ayuntamientos que mal gobernaron.
De los 60 municipios de la entidad, en seis se han registrado problemas para llevar a cabo y completar los procesos de entrega recepción, de ahí que son los principales candidatos a enfrentar acusaciones penales.
El primero es San Pablo del Monte, seguido de Yauhquemehcan, Tecopilco, Tepeyanco y finalmente La Magdalena Tlaltelulco. Se desconoce si el ex edil del último municipio, Marco Antonio Pluma Meléndez, sigue en la entidad, porque su intención era esconderse en Argentina hasta que se calmaran las cosas.
Por lo pronto es necesario ver si en verdad habrá voluntad de ir contra los malos ex presidentes municipales, porque hasta ahora sencillamente no se ve ninguna señal clara de que no será perdonada la corrupción.
O usted qué opina.
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