Anoche se hizo pública de manera parcial la lista de los aspirantes que podrán seguir en el proceso para participar en los comicios del 1 de junio, en que los tlaxcaltecas elegirán a magistrados y jueces de la entidad.
El Comité Estatal de Evaluación a cargo de José Alfredo García Ortega cumplió con el plazo hasta anoche que soltó la lista personas que cumplieron con los requisitos, sin embargo se fueron revelados los nombres porque sólo se dieron a conocer los folios, por lo que sigue siendo un misterio quienes buscan llegar a la urnas para convertirse en jueces y magistrados en Tlaxcala.
El procedimiento que se sigue en la entidad está generando muchas dudas y desconfianza porque no hay transparencia, ni certeza, ni legalidad, ni la máxima difusión, ya que sólo los interesados saben que está pasando y el pueblo está siendo marginado o excluido.
Trascendió que en la mentada lista conformada 310 folios aparecerán los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado que irán a la elección, Enrique Acoltzi Conde, Fany Margarita Amador Montes, Mildred Murbartian Aguilar y Pedro Sánchez Ortega, pues al parecer ninguno declinó a participar en los comicios.
Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala, Manuel Vázquez Conchas, Luz María Vázquez Ávila y Elías Cortés Roa también estarán en las boletas, al igual que los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje conformado por Miguel Ángel Tlapale Hernández, Rolando Meza Castillo y Raymundo Amador García.
En cuanto a los 23 cargos de jueces o juezas que se van a elección, se sabe que 10 están vacantes y cubiertos por interinos y que otros 13 nombres se obtuvieron tras una insaculación.
Los 13 jueces y juezas que fueron “obligados” a ir a la elección son Alfonso González Martínez, Aurora Mercedes Moctezuma Martínez, Claudia Pérez Rodríguez, Gabriel Flores Alvarado, Juan Antonio Luis Torres, Laura Marcela Ramos Vela, Leobardo López Morales, Luis Alberto Lima Hernández, María Elvia Diazcasales Zapata, María Isabel Pérez González, Ramón Jiménez Casco, Rossana Rubio Marchetti y Yenisei Esperanza Flores Guzmán.
De esos, se especula que tres desistieron ir a las urnas, sin embargo no se tiene preciso quienes fueron, debido al pésimo trabajo del Comité Estatal de Evaluación que mal dirige José Alfredo García Ortega que da la información parcial y a cuentagotas.
Como van las cosas, será hasta la primera quincena de marzo cuando quizá se conozcan los nombres definitivos de los candidatos y las candidatas, pero por lo pronto no queda más que esperar y especular, sobre todo porque anoche se informó que los abogados que cumplieron con los requisitos fueron notificados de los resultados de las revisiones a los expedientes.
Si a nivel federal existen muchas quejas y dudas sobre el proceso para elegir ministros, magistrados y jueces, en Tlaxcala las cosas no pintan mejor. Es la fecha que ni siquiera se ha aprobado el presupuesto de casi 80 millones que solicitó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para organizar esos comicios en la entidad.
Lo interesante será conocer si hay impugnaciones o inconformidades de los abogados y abogadas tlaxcaltecas que hayan sido excluidas de la lista, porque es una realidad que el proceso para designar a los candidatos han mostrado inconsistencias y errores.
Estalla la violencia en San Pablo del Monte
Lo que anoche se vivió en el municipio de San Pablo del Monte no es exclusivo de ese ayuntamiento, pues por lo menos en una docena más hay serios problemas entre los integrantes de los cabildos con sus respectivos alcaldes o alcaldesas.
En San Pablo del Monte la alcaldesa Ana Lucy Arce Luna no cedió a la presión para entregar a varios regidores 20 millones de pesos que exigen para hacer obra pública, recursos que pretenden manejar discrecionalmente y sin cumplir con la normatividad.
En ese ayuntamiento hay muchos vicios que sencillamente son insostenibles, como es el hecho de repartirse la asignación de fondos para obras (más de 100 millones de pesos) sin seguir lo que marca la ley, lo cual ha llevado a que los últimos alcaldes hayan enfrentado observaciones millonarias que son consideradas un daño patrimonial por los entes fiscalizadores.
Los regidores inconformes encabezados por el de Obras, Francisco Rafael Tlapaya Contreras, llevaron a cabo una protesta violenta con el respaldo de sus familiares, situación que tensó el ambiente en ese municipio.
Esperemos que el caso de San Pablo del Monte no se replique en otros municipios, donde los regidores están inconformes con la actuación y desempeño de algunos presidentes municipales.
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