Qué fue lo que pasó para que tras varias semanas de ausencia en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), se conociera que la experimentada abogada Adriana Delgado Bolaños dejó el cargo para ser reemplazada por un inexperto litigante en temas electorales de nombre Gustavo Tlatzimatzi Flores.
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El relevo no sólo preocupa, sino que envía un pésimo mensaje, porque esa fiscalía se perfila para ser nuevamente un ente improductivo e incapaz de investigar y armar los expedientes contra autoridades y ex autoridades acusadas de haber incurrido en presuntos actos de corrupción.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción empezó a funcionar en la administración del castrado ex priista Marco Antonio Mena Rodríguez, quien impuso al desprestigiado abogado Pedro Sánchez Ortega como primer responsable, mismo que pese a su gris trabajo fue premiado al ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cargo que desempeña hasta en la actualidad sin pena ni gloria.
Después, en septiembre del 2021 asumió el control de esa importante área de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, Domingo Tamalatzi Rodríguez, quien prácticamente se hizo tonto porque sólo recibió las más de 400 denuncias que había, porque jamás logró judicializar algún caso ante un juez penal.
Tuvo que pasar casi un año para que Domingo Tamalatzi fuera removido por sus nulos resultados en el combate a la corrupción. Su lugar fue ocupado por el recomendado Ricardo Sánchez Ramírez, otro inexperto abogado que lejos de recabar pruebas y elementos para sancionar a varios ex alcaldes acusados de malversación de fondos públicos, les dio facilidades y la ayuda necesaria para “solventar” faltantes, lo que permitió a algunos ex diles como al de Panotla, Eymard Grande Rodríguez, disminuir sustancialmente los recursos observados por el Órgano de Fiscalización Superior.
Los que están enterados de la operación de la mencionada fiscalía, dicen que el caso de Panotla no fue el único, pues hubo otros que recibieron el mismo trato similar, lo que finalmente provocó el cese fulminante de Ricardo Sánchez.
Lo anterior resultó una decisión correcta, porque en febrero del año pasado arribó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Adriana Delgado Bolaños, quien se había desempeñado como Fiscal en Jefe de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), además, había sido agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda y de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la FGR.
Su llegada le dio un rostro diferente a esa instancia que sencillamente simulaba y que a lo largo de varios años sólo había logrado escasos resultados.
Adriana Delgado fue la encargada de armar varios expedientes y averiguaciones contra ex presidentes municipales como el de Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, Panotla y otros más. Los casos están debidamente respaldados porque se ha detenido a varios señalados y si algunos asuntos no han avanzado, es más por cuestiones políticas que judiciales.
Ella fue la encargada del caso del ex presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, mejor conocido como “El Cachorro”, quien fue detenido, juzgado y sentenciado por malversar más de dos millones de pesos de ese ayuntamiento.
Sin embargo, hoy existen muchas dudas. Empezando porque nadie sabe quién recomendó al inexperto Gustavo Tlatzimatzi.
Existe inquietud sobre si el combate a la corrupción se mantendrá o volverá a ser una farsa.
Han pasado casi cinco meses desde que los ex presidentes municipales dejaron sus cargos y hasta la fecha muchos que saquearon las arcas de sus ayuntamientos gozan de una notable impunidad porque nadie los ha llamado a rendir cuentas, pese a que muchos enfrentan acusaciones en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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