Una vez que salió a la luz el proyecto de concesionar un tramo carretero de más de 22 kilómetros que irá de Calpulalpan pasará por Xaltocan y concluirá en Tlaxco para entroncar hacia Chignahuapan, Puebla, veremos qué tan diestro y avezado es el gobierno lorenista y los empresarios beneficiados para llevar a buen fin ese proyecto que, si no es manejado adecuadamente, podría terminar como el Autotrén que se anunció y que no se ve para cuando se vaya a concretar.
El proyecto de la concesión es un asunto que desde hace semanas venía trabajando el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien si bien dice que ya tiene en la bolsa el voto de los diputados y las diputadas por la operación de Marcela González Castillo, presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, lo cierto es que al parecer se tiene descuidado un asunto clave para que la construcción de ese nuevo tramo carretero se haga una realidad y que tiene que ver con el derecho de vía.
Seguramente habrá propietarios de terrenos que serán afectados por el trazo y éstos no aceptarán a la primera vender sus propiedades, de ahí que es probable que haya inconformes y que surja un movimiento para defender las tierras, el cual si no es manejado y abordado correctamente se puede complicar más de lo que se imaginan.
Pronto se sabrá si el gobierno estatal acertó o cometió un error al hablar anticipadamente de ese proyecto carretero. Si ya tiene avanzadas las negociaciones para adquirir el derecho de vía con los propietarios de los predios, es probable que concrete esa obra y concesión en los siguientes meses, pero sí se adelantó y no tiene el censo de afectados, su perfil y el trazo de esa vía, enfrentará problemas y un rechazo porque habrá oposición a esa carretera de cuota bajo el argumento de que daña el derecho de una colectividad.
El proyecto fue confirmado a través de una publicación del Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala, donde se describe que ese tramo carretero tendrá una longitud de 22.11 kilómetros y una angostura de 22 metros para alojar cuatro carriles de circulación.
De acuerdo con el mencionado periódico, en esa nueva carretera se podrá circular a una velocidad de 90 a 110 kilómetros por hora y contará con estaciones de servicio. Al día se esperan que viajen 15 mil vehículos y la intención de la misma es que haya una disminución de los costos de operación por ahorros en el consumo de combustible y la reducción de los tiempos de traslado.
Además, ese libramiento beneficiará a los habitantes de Calpulalpan, pues se reducirá en 45 por ciento el tránsito de vehículos de carga que circulan actualmente en la carretera federal que atraviesa ese municipio tlaxcalteca.
El actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Gilberto Temoltzin Martínez, reveló que el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez, giró un oficio al Poder Legislativo donde pide “autorizar el esquema de concesión del libramiento de Calpulalpan en el que se otorgan los derechos para construir, incluyendo el diseño, permisos y liberación del derecho de vía, a operar, conservar, mantener y explotar por un plazo de 30 años”, según una nota informativa del portal Martin Rodríguez.
De acuerdo con lo declarado por el legislador panista, tal solicitud pronto será atendida y aprobada, de ahí que sea un misterio quién o quiénes serán los beneficiados de tal concesión porque de eso no se ha filtrado nada y el gobierno lorenista no ha dado a conocer nada sobre esos millonarios personajes que andan tras ese jugoso negocio.
Y ya que estamos hablando de concesiones, le cuento que el gobierno estatal también está analizando la concesión de los cuatro rellenos sanitarios (Nanacamilpa, Panotla, Huamantla y Apizaco) que operan en la entidad.
La problemática que existe en esos tiraderos es monumental y la mejor salida que está encontrando el gobierno de Tlaxcala para resolver y atenderla es la concesión de los mismos. Sólo será cuestión de unas semanas para que se empiece a hablar del tema.
Al tiempo.
Avanzar o simular
En las manos de los diputados y las diputadas locales está la decisión de avanzar y hacer efectivo el Sistema Anticorrupción de Tlaxcala o simular que se combate la corrupción como ha pasado en los últimos años.
Después de un vertiginoso proceso que ha llevado el Congreso del Estado para designar al titular de la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, ya se armó la terna de donde saldrá el nuevo funcionario.
Se trata de Cirilo Rosalío Espejel Velasco, quien ha fungido como Contralor Interno del Sistema Anticorrupción en Tlaxcala y es un politólogo destacado.
Luego se encuentra José Alfonso Lima, quien es profesor investigador de la UAT, es docente de la Maestría en Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas; miembro del SNI CONACYT con publicaciones científicas sobre transparencia y gobierno abierto e integrante de la Red Académica de Gobierno Abierto en México.
El último de la terna es Hilario Nicéforo Pérez García, quien es el responsable de las finanzas de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Su único antecedente en materia de (anti)corrupción fue el 13 de diciembre pasado (según consta en medios periodísticos) cuando trató de sobornar a los policías de Totolac para no ser detenido por haber chocado un vehículo oficial en estado de ebriedad.
Si los legisladores tlaxcaltecas en verdad quieren dar muestras de que se busca avanzar en el combate a la corrupción, entonces deberían aceptar los resultados de las evaluaciones y designar a José Alfonso Lima, quien ha obtenido las mejores calificaciones de todos los participantes.
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