Un asunto que debería preocupar a las autoridades estatales y municipales es el de la corrupción, porque si se quitara el problema de la agobiante inseguridad, ese tema se ubicaría como el principal lastre que está siendo señalado y reconocido hoy en día por los ciudadanos y las ciudadanas tlaxcaltecas.
La percepción entre el imaginario colectivo de Tlaxcala es que hoy existe más corrupción que en las pasadas administraciones que dejaron su responsabilidad el 31 de agosto del 2021.
Cuando en esos tiempos los estudios de opinión pública incluían preguntas para conocer cuáles eran los cinco principales problemas que según los ciudadanos se deberían atender en la entidad, el asunto de la corrupción o no aparecía y si saltaba éste se situaba en un porcentaje que no rebasaba los dos dígitos, es decir, no representaba una dificultad mayor que implicara un mayor desgaste.
En tres diferentes encuestas a las que este reportero tuvo acceso, se pudo comprobar que la corrupción figura entre los problemas que mencionan y aquejan a los tlaxcaltecas. Si bien la cifra más baja se situó en un 17 por ciento, en otra alcanzó el 23.9 por ciento de las alusiones, lo que confirma que esa cuestión ha venido creciendo en los últimos 19 meses.
Si hoy existe o es más evidente la corrupción entre los funcionarios estatales y municipales es un asunto que difícilmente se podría comprobar, sin embargo es obvio que algo está pasando y fallando porque los ciudadanos están percibiendo más voracidad de los servidores públicos que despachan en las diferentes dependencias.
Hay empresarios y ciudadanos que constantemente se quejan de la actuación del personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil o de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, pues sus titulares, el poblano Juvencio Nieto Galicia y el morelense, Iván García Juárez, presionarían de más para que los estudios de riesgos y de impacto ambiental que solicitan sus dependencias los hagan despachos recomendados por ellos a fin de que éstos sean avalados sin ninguna dificultad.
También suelen quejarse de “los estímulos” que solicitaría la poderosa Edna Oded Pérez García, directora de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno que dice manejar el poblano Ramiro Vivanco Chedraui, para dar de alta a un proveedor en el padrón del gobierno de estado o para asignarle alguna compra o para agilizar algún pago.
Para nadie ha pasado desapercibido que en la actual administración estatal se liquidan obras aunque éstas estén inconclusas o frenadas y que en un recorrido por el estado podrían ser plenamente identificadas.
Los presidentes municipales tampoco cantan mal las rancheras, pues hay varios que se han autocontratado obras y han manejado tan discrecionalmente los recursos públicos que hoy enfrentan serios problemas para justificar el destino y aplicación de millonarias cifras.
No faltan los alcaldes que han cedido el poder a sus hijos y familiares, quienes se han despachado con la cuchara grande y que están plenamente ubicados por los ciudadanos y las ciudadanas como unos corruptos.
Imagínese cómo estará el desorden en las administraciones municipales que varios ediles se han dado a la tarea de buscar a ciertos diputados locales que se sienten “influyentes” para pedirles su ayuda para solventar observaciones de varios millones de pesos que en caso de no ser aclaradas implicarán la reprobación de sus cuentas públicas.
Si los ciudadanos y las ciudadanas perciben que sus presidentes municipales son corruptos es entendible porque éstos han sido voraces, pocos cuidadosos de las formas y porque se siente intocables, pero eso pronto podría cambiar no sólo porque ya tienen 19 meses en el puesto, sino porque les resta 17 meses para corregir y solventar sus anomalías.
El problema de la corrupción no es menor y en verdad las autoridades estatales y municipales se deberían preocupar, pues es un asunto que con el paso de las semanas y los meses se vuelve muy negativo para la imagen de los gobernantes.
Si la percepción ya resulta negativa en estos momentos, imagínese que pasaría si se documenta un caso de corrupción que involucre a la familia y que al mismo tiempo evidencie toda la estructura gubernamental que existe para favorecer y garantizar la asignación de contratos millonarios en obras y compras. Sería un escándalo que echaría a la basura los principios de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir y no traicionar.
O no.
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