Nunca estaré a favor de que se impidan o se coarte el derecho a la libre manifestación, pero tampoco a que las protestas que se realicen afecten de más el desarrollo de las actividades de la sociedad, tal y como pasó el pasado viernes cuando miembros de diferentes sindicatos bloquearon las vialidades del primer cuadro de la capital y los principales accesos a la misma ante la complacencia e indiferencia de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

 

 

Resulta absurdo que para ciertas protestas como las emprendidas por grupos feministas el pasado 8 de marzo se recurra al exceso de blindar al Palacio de Gobierno y se disponga de un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por policías armados con gases y escudos y hasta camiones para lanzar chorros de agua contra las manifestantes, mientras que para otras muestras de inconformidad como las realizadas el pasado viernes se optó por una ofensiva tolerancia al permitir impunemente el cierre de calles y vialidades sin que los elementos encargados de mantener el orden hagan algo para impedirlo.

 

Los funcionarios estatales como el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, podrán justificar con mentiras y declaraciones incongruentes su deficiente proceder y actuación, sin embargo la realidad es que los ciudadanos y las ciudadanas no les creen y lo que es peor, es que cada vez crece más la percepción de que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros es débil y sin capacidad para resolver los problemas, y sobre todo, carente de voluntad para defender los derechos del pueblo.

 

Las protestas que llevaron a cabo diferentes miembros de sindicatos para defender su derecho a la salud y el acceso a medicinas estarían justificadas, ya que tenían información sobre algunos cambios que pretendería ejecutar la actual administración estatal y que terminarían por afectar los onerosos beneficios que han obtenido en los últimos años.

 

Sin embargo, lo que esos trabajadores y pensionados no terminan por entender es que el sistema de pensiones civiles del gobierno de Tlaxcala está quebrado y que no existe la capacidad financiera para mantenerlo, de ahí que hay personas que tienen varios años sin recibir su pensión así seguirán ante la escasez de fondos.

 

El anterior es un problema del que se habló durante las campañas a la gubernatura en abril y mayo del 2021, pero cómo suele suceder el caso se minimizó y se pretendió ocultar en los siguientes meses como si esa fuera la solución, lo cual resultó contraproducente porque hoy la realidad confirma que en poco tiempo no habrá dinero para atender la demanda de servicios médicos y de medicinas de los jubilados y pensionados.

 

Un problema que tiene la actual administración y que no ha resuelto es el que llevó al caos vial y de libre circulación el pasado viernes, situación que generó un gran malestar entre los ciudadanos que no les quedó otra más que enfrentar la impotencia de ver como sus derechos eran pisoteados ante la pasividad de una autoridad que cuando quiere y le conviene es represora.

 

El gobierno de Lorena Cuéllar debe revisar su actuación y valorar si va por el camino correcto, porque el último mes ha sido desastroso para su imagen, pues no sólo la violencia se disparó en la entidad dejando ejecutados y otros homicidios dolosos, sino que tampoco ha sido congruente a la hora de atender y tratar las protestas que se han presentado.

 

Las autoridades tlaxcaltecas ya están en el radar de la prensa nacional y seguramente no dejarán de darle seguimiento al caso del cuestionado proyecto que generó tanta polémica como el “Autotrén” y al que corresponde a un funcionario estatal acusado de deudor alimentario y golpeador de mujeres que estaría siendo protegido.

 

La descomposición del gobierno lorenista ha sido muy acelerada y hasta preocupante. No sólo enfrenta severos conflictos y rivalidades internas que derivan en filtraciones y golpeteos, sino un desgaste ante los ciudadanos y las ciudadanas que no están viendo obras, ni avances y ni una transformación, aunque sí puntos negativos como la corrupción y la inseguridad.

 

A la gobernadora le urge dar un manotazo en el escritorio y exigir a su equipo de colaboradores que dejen las grillas y se pongan a dar resultados.

 

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