Si bien la falta de un responsable de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Tlaxcala ha sido utilizada por algunos actores políticos para exagerar hechos delictivos y poner en duda la estrategia que lleva a cabo la actual administración estatal, lo cierto es que la designación de ese funcionario es un asunto prioritario porque pareciera que existe un marcado interés para aprovechar esa circunstancia y dibujar que en la entidad prevalece una situación caótica o de descontrol, lo cual resulta totalmente falso.
En Tlaxcala han ocurrido hechos que resultan preocupantes, como el abandono de cadáveres de dos mujeres víctimas de feminicidio que aparecieron en los municipios de Apizaco y Teolocholco, el robo de un cajero automático frente a la policía de Texoloc por parte de una banda criminal o la detención de ex policías, uno de la PGJE y otro estatal, por estar acusados de la desaparición de una persona y por pertenecer al Cártel de Sinaloa.
Incluso, anoche se registró un hecho que aún no se tiene claro si se trató de una acción para intimidar al gobierno federal y estatal o se recurrió a ese acto vandálico para buscar crear un clima de inseguridad.
Hasta ahora no se tiene preciso si se trató de un intento fallido por robar el cajero automático de la sucursal del Banco del Bienestar localizado en los límites de los municipios de Apizaco y Yauhquemehcan.
Las primeras investigaciones refieren que dos individuos que viajaban en una motocicleta llegaron al lugar y que uno de ellos se bajó y depositó un paquete para huir inmediatamente sobre el boulevard La Libertad. A los pocos segundos de esa acción se registró una explosión que destruyó los vidrios de la fachada de la institución bancaria, sin que se volviera a detectar un movimiento por parte de los individuos que provocaron ese ataque.
Pese a que se organizó una intensa movilización policiaca en la que participaron elementos de Apizaco y Yauhquemehcan, así como de otros municipios y de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, no se logró la detención de ninguna persona.
Corresponderá a la Procuraduría General de Justicia en el Estado iniciar las investigaciones y tratar de dar con los responsables de ese ataque a la sucursal del Banco del Bienestar que hace unos meses fue inaugurada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Es muy probable que pronto se dé a conocer el nombre del funcionario o funcionaria que asumirá la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dependencia que se encuentra en manos del represor de mujeres y estudiantes Guadalupe Ballesteros Arellano, quien por lo que se ve perdió la oportunidad de ser designado secretario porque su trabajo no lució en los últimos 70 días y porque nadie se pronunció a su favor para ser ratificado en el puesto.
El problema de la inseguridad sigue estando presente en el imaginario colectivo y por esa razón la gobernadora Cuéllar deberá apresurar la designación del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y reforzar la estrategia a fin de que los tlaxcaltecas se sientan seguros y tranquilos de desarrollar sus actividades cotidianas.
La oposición en Tlaxcala representada por el PRD ha sabido explotar el tema de la inseguridad y ha aprovechado esa circunstancia para desacreditar el trabajo del gobierno lorenista y su estrategia en la materia.
Vaya y tan le ha funcionado que contribuye a que uno que otro despistado declare tonterías como el representante de la Unión de Concesionarios Transportistas del Estado de Tlaxcala, Valentín Meléndez Tecuapacho, quien aseguró que el robo de unidades de transporte público es una constante en la entidad y se debe a que no hay un jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Ese delito empezó y se consolidó en las administraciones priistas que encabezaron el hacendado Mariano González Zarur y el intermitente Marco Antonio Mena Rodríguez, a quienes por cierto nunca les hicieron un reclamo por esa situación.
Un convulsionado arranque de año es el que se vive en Tlaxcala. El clima político no es el mejor para el gobierno y sus funcionarios, quienes en unos días deberán comparecer ante los diputados y diputadas que están recibiendo muchos elementos para cuestionar su trabajo y los supuestos resultados alcanzados.
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