No lo sé si usted lo perciba, pero la falta de control político sobre los presidentes municipales de Tlaxcala es cada vez más evidente, pues esas autoridades no ocultan su valemadrismo y su escaso interés por gobernar y solucionar los problemas que son de su incumbencia.
El gobierno del estado lleva varios meses tratando de que los alcaldes y las alcaldesas apoyen la estrategia de seguridad a través de la contratación de policías certificados y de una inversión más importante de recursos públicos para adquirir patrullas y equipo tecnológico.
Sin embargo, con el paso del tiempo se ha comprobado que las autoridades municipales simulan porque sus administraciones tienen otras prioridades como realizar negocios, ferias y otras acciones que a ellos les implique un beneficio económico, pues las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas pueden esperar o si tienen suerte serán atendidas con el presupuesto del gobierno estatal.
Los esfuerzos del gobierno del estado para mejorar la seguridad no han sido respaldados por la mayoría de los 60 presidentes municipales, pues salvo Tlaxcala, Apizaco, Huamantla y Chiautempan donde se ha observado una inversión para adquirir patrullas, en el resto de los municipios se percibe una evidente desidia para reforzar la estrategia en ese rubro.
Hoy son pocos los alcaldes y alcaldesas que destacan o son reconocidos por llevar a cabo obras públicas en sus demarcaciones, de ahí que la mayoría está en espera de la inversión que programe y realice la administración de Lorena Cuéllar Cisneros para tratar de presumir que se está realizando algún trabajo de infraestructura.
En las mediciones realizadas por diferentes consultoras para conocer el nivel de aprobación de los presidentes municipales de Tlaxcala la gran mayoría obtiene una calificación reprobatoria, dejando en claro que los ciudadanos no están a gusto con el trabajo realizado por esas autoridades.
Los actuales presidentes municipales resienten la falta de recursos públicos, sobre todo los que anteriormente etiquetaban los diputados locales que en la pasada legislatura llegaron a autorizar en los tres años que duró su período más de mil 300 millones de pesos para diferentes obras que se realizaban en la mayoría de los municipios.
El gobierno lorenista no se ha olvidado de los municipios y por esa razón a destinado montos importantes para obras, pero con la salvedad de que su administración no sólo decide que trabajo se realiza a propuesta del alcalde o alcaldesa, sino que contrata la empresa y se encarga de supervisar y verificar que la obra quede terminada, situación que impide a los presidentes municipales tener una injerencia donde puedan obtener un beneficio económico.
Un claro ejemplo del valemadrismo y de la falta de control político que existe sobre los presidentes municipales, es que sólo 21 de ellos cumplieron con su obligación legal de enviar al Poder Legislativo su presupuesto de egresos para el presente ejercicio fiscal.
Sólo en esos ayuntamiento se podrá ejercer un adecuado control presupuestal, pues cumplieron con sus obligaciones y lo que establece la ley, sin embargo en el resto que suman 39 comunas habrá que esperar que los presidentes municipales decidan ejercer los recursos públicos de manera clara, justa y transparente.
La omisión de esos 39 alcaldes y alcaldesas debería ser sancionada, pues no se vale que muestren tanta dejadez o descuido en el manejo de los recursos públicos que en teoría se deben canalizar a acciones prioritarias o necesarias, ya que el desorden y el desmadre con el que suelen conducirse algunos ayuntamientos provocan conflictos que terminan siendo un dolor de cabeza para las autoridades estatales.
El asunto es grave porque sencillamente se desconoce la forma en que alcaldes y regidores llevarán a cabo la distribución y aplicación de los fondos públicos, como si su intención fuera generar desorden para tratar de llevarse lo más que puedan sobre todo cuando prácticamente están por cumplir la mitad del periodo para el que fueron electos.
De acuerdo con la información publicada por el periodista Juan Luis Cruz Pérez en el periódico La Jornada de Oriente, los ayuntamientos que no cumplieron fueron Amaxac; Atltzayanca; El Carmen Tequexquitla; Cuapiaxtla; Españita; Hueyotlipan; Ixtacuixtla; Contla de Juan Cuamatzi; Sanctórum; Nanacamilpa; Acuamanala; Natívitas; Panotla; Santa Cruz Tlaxcala; Tenancingo; Teolocholco; Tepeyanco; Terrenate y Tetlatlahuca.
Seguidos por el de Tlaxco; Tocatlán; Tzompantepec; Xaloztoc; Xaltocan; Papalotla, Xicohtzinco; Zacatelco; Benito Juárez; Emiliano Zapata; Lázaro Cárdenas; San Damián Texóloc; San Francisco Tetlanohcan; San Jerónimo Zacualpan; San José Teacalco; San Juan Huactzinco; San Lorenzo Axocomanitla; Santa Apolonia Teacalco; Santa Catarina Ayometla y Santa Cruz Quilehtla.
Los que cumplieron fueron Apetatitlán; Atlangatepec; Apizaco; Calpulalpan; Cuaxomulco; Chiautempan; Muñoz de Domingo Arenas; Huamantla; Ixtenco; Mazatecochco; Tepetitla de Lardizábal; San Pablo del Monte; Tetla de la Solidaridad; Tlaxcala; Totolac; Ziltlaltépec; Yauhquemehcan; Tlaltelulco; San Lucas Tecopilco; Nopalucan y Xiloxoxtla.
La lista de los cumplidos y los omisos dibuja claramente los municipios en donde podría haber conflictos en las próximas semanas.
Hay municipios donde los ciudadanos están cansados de los excesos y abusos de sus alcaldes y alcaldesas.
A estas alturas no se puede esconder que presidentes municipales tlaxcaltecas andan más en la fiesta y presumiendo sus negocios, así como sus amoríos, al grado que hasta asisten a “baby shower “ del futuro hijo que procreó con alguna integrante del Cabildo sin importarle que el caso se vuelva un escándalo.
Sin lugar a dudas este 2023 será un año complicado y que traerá varios conflictos municipales.
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