Si bien no han faltado los transportistas abusivos que han aprovechado el aumento a la tarifa del pasaje para obtener una mayor ganancia a la autorizada, lo cierto es que alguien en la Secretaría de Movilidad y Transporte jugó chueco y logró, con engaños, que el gobierno del estado autorizara un incremento que resultó muy molesto y dañino para la economía de los tlaxcaltecas.
Los concesionarios que esperaron cinco años para lograr una alza a la tarifa del transporte público en Tlaxcala tienen un buen número de razones, argumentos y hasta justificaciones para asegurar que la decisión de incrementar desde la última semana de diciembre un peso para la parada mínima (de siete pesos pasó a ocho pesos) y de fijar el costo de las paradas de su ruta a razón de 35 centavos más por cada kilómetro avanzado (antes era de 10 centavos).
Es obvio que los transportistas estuvieron negociando no sólo para lograr el aumento de un peso a la parada mínima, sino para subir exageradamente la cantidad de centavos por kilómetro extra recorrido que es lo que realmente los benefició, ya que el incremento que lograron fue del 250 por ciento al pasar de 10 centavos a 35 centavos, cantidad que la absorbió el usuario que quedó en un estado de indefensión.
Hasta ahora no se sabe quién fue el funcionario o los funcionarios del gobierno lorenista que estuvieron encargados de las negociaciones y los acuerdos, pero por lo que se observa éstos fallaron terriblemente a su jefa y a los tlaxcaltecas porque terminaron por aceptar todas las condiciones de los concesionarios, las cuales hoy han generado la molestia de los usuarios del transporte público al considerar que las alzas registradas en las tarifas representan un abuso en contra del pueblo.
Es obvio que alguien no hizo bien su trabajo y que hubo también alguien que ocultó información importante y valiosa, porque no es entendible que un gobierno preocupado por el bienestar de los tlaxcaltecas haya autorizado una tarifa que está resultando un duro golpe para la economía de los ciudadanos y las ciudadanas.
En Tlaxcala operan más de 400 rutas de transporte público y hasta la fecha la blandengue Secretaría de Movilidad y Transporte en manos del orticista Juan Tapia Pelcastre ha sancionado a cerca de 30 choferes que cobraron de más, situación que en nada ha servido para calmar el enorme malestar de los tlaxcaltecas por el exagerado incremento autorizado.
Dudo que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros dé marcha atrás a la autorización del incremento a la tarifa del pasaje, por lo que tendrá que cargar con la desaprobación ciudadana que se está generando por esa medida que resultó antipopular y que viene a opacar los incrementos que el gobierno federal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presume en la pensión de los adultos mayores y a las becas Benito Juárez que reciben los estudiantes.
Mientras la administración federal mantiene su política y actitud de apapachar al pueblo, el gobierno estatal ha optado por recurrir a una serie de medidas que afectan la economía popular como el incremento a la tarifa del pasaje y el cambio obligatorio de placas de automóviles.
Y hablando del cambio de placas de circulación, le comento que los tlaxcaltecas que están obligados a cumplir con ese trámite tendrán que esperar un mes para poder llevar a cabo esa medida, pues resulta que la empresa que “ganó” el contrato para hacer las nuevas láminas no cumplió, pues sencillamente no ha entregado ese material a la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Se sabe que la empresa recomendada que hasta ahora se desconoce cuánto cobró por la elaboración de las nuevas placas, debía entregar las láminas en los primeros días de enero, sin embargo algo se le complicó y por esa razón lo hará hasta febrero, sin enfrentar algún regaño, amenaza o acoso de la Oficialía Mayor de Gobierno a cargo del priista disfrazado de verde ecologista que hoy se dice morenista, Ramiro Vivanco Chedraui, quien para otros proveedores o contratistas suele verse intransigente y firme para aplicar al pie de la letra los contratos y la ley.
Desde hace meses se sabía que en el 2023 se llevaría a cabo el cambio de placas, pero aun así fue imposible contar con ese material en enero, situación que evidencia que la Oficialía Mayor de Gobierno opera inadecuadamente y que esa dependencia es la responsable de muchos subejercicios presupuestales que arrastró el gobierno de estado durante el año pasado.
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