Por supuesto que son necesarios algunos cambios de funcionarios en el gabinete lorenista, pero no necesariamente saldrán los que deben irse, porque es obvio que hay dos percepciones diferentes sobre su desempeño y sus resultados.
Una tiene que ver con la evaluación que tienen los políticos, diputados, alcaldes y demás actores de la sociedad y la otra con la apreciación de la gobernadora y su más cercano círculo de colaboradores que pueden tener una valoración diferente a la de la mayoría después de 16 meses de ejercer el poder en Tlaxcala.
En una entrevista, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros confirmó que los cambios de funcionarios tendrán el objetivo de dar una nueva proyección a los trabajos de algunas áreas de la administración estatal.
Esas decisiones se tomarán con base en las evaluaciones que periódicamente se realizan sobre el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, de las reuniones generales, personales y de los análisis que de cada oficina hace tanto la Secretaría de Finanzas como la de la Función Pública, explicó la mandataria.
Y finalmente, precisó, también tiene que ver mi punto de vista, de lo que veo, de lo que observo en las reuniones que tenemos, pero sí habrá cambios para dar un mejor servicio”.
Si nos apegamos literalmente a lo expresado por la gobernadora, por lo menos la mitad de los funcionarios tendrían que irse porque por lo menos esa cifra de dependencias trabajó y operó en este año con subejercicios, al grado que ese problema ha generado pleitos y serias diferencias entre el galán Oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui y el protagonista secretario de Educación, Homero Meneses Hernández.
Si será en el 2023 cuando se conozcan y se den a conocer los cambios de funcionarios, seguramente habrá sorpresas y sorprendidos, porque quizá dejan el cargo personajes que se sienten intocables.
Los que están seguros pese a que en algunos casos son un lastre para la administración son el desgastado y poco asertivo secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, el obediente secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, el sacrificable y galán Oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui, el junior y la carta para el Senado, Alfonso Sánchez García, secretario de Infraestructura, así como la procuradora de Justicia, Ernestina Carro Roldán y Max Hernández Pulido, responsable de la Comisión Estatal de Seguridad y del C4.
Mientras Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del estado siga contenta con el desempeño de María Estela Álvarez Corona, ésta seguirá siendo la invisible titular de la Secretaría de Bienestar Tlaxcala.
La directora general del DIF Estatal, Flor de María López Hinojosa, también está segura porque ha sabido subordinarse a Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, la presidenta honoraria.
Los que se sienten seguros, pero que entran en la lista de los que podrían dejar sus cargos anote al rebelde secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, al exhibicionista Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública y la voraz y adicta al reflector Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.
También estarían los foráneos que llegaron a simular que trabajan como Gimena Lara Pérez, coordinadora de Planeación e Inversión y el remedo de operador político Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario del Medio Ambiente.
Con menos fortaleza se encuentra el desapercibido Juan Tapia Pelcastre, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, la priista disfrazada de morenista Eréndira Cova Brindis, secretaria de la Función Pública, el farolón Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura y el conflictivo y despreciativo Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico.
Y los que se mencionan como serios aspirantes a dejar sus cargos son el desapercibido orticista Ignacio López Sánchez, que cobra como secretario de Trabajo y Competitividad, el fantasma del gabinete Leonardo Uriarte Parra, responsable de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, el coordinador estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia y el insaciable Iván García Juárez, titular de la Procuraduría del Medio Ambiente, sobre quien pesan múltiples acusaciones de corrupción.
A José Guadalupe Ballesteros Arellano, actual encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le cumplirán su deseo de ser el mero jefe de los policías estatales al menos por dos meses, porque de acuerdo con las declaraciones de la gobernadora será en el 2023 cuando por fin se conozca al titular de esa dependencia que en 16 meses va por su cuarto responsable.
Las quinielas de los que dejarán el gabinete lorenista se empezaron a armar desde ayer, por lo que es muy probable que en los siguientes días surjan rumores sobre renuncias y despidos que tendrán mucho morbo y poca certeza, pero al final serán inevitables.
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