La decisión de concretar el despedido de policías municipales que no están evaluados ni certificados es inevitable, porque según los criterios del Órgano de Fiscalización Superior esos elementos no pueden seguir cobrando un sueldo porque sí lo hacen representaría un daño patrimonial que debe ser sancionado y corregido inmediatamente.
Desde hace unos meses, el ente fiscalizador se percató de esa grave anomalía y en coordinación con el gobierno empezó la regularización de los más de 2,300 elementos municipales que se tenían registrados, para lo cual estableció una fecha límite para que los alcaldes y las alcaldesas corrigieran esa situación que fue a finales del pasado mes de septiembre.
Según la información disponible, en junio de este año se contabilizó cerca de 890 policías municipales que no tenían la certificación ni la evaluación requerida para desempeñar ese puesto, de ahí que los presidentes municipales y las presidentas municipales fueron advertidos que en caso se mantener ese irregularidad serían obligados no sólo a despedir a esos uniformados, sino a reintegrar a las arcas los fondos públicos que destinan para pagar sus salarios.
Uno pensaría que a los alcaldes y a las alcaldesas realmente les preocupa la anterior situación, sin embargo a casi todos y todas les importó muy poco la advertencia y siguieron evadiendo el problema y sus consecuencias, porque el vencerse el plazo que se otorgó para subsanar tales inconsistencias se comprobó que 558 policías municipales no se encuentran acreditados y por lo tanto no son aptos para llevar a cabo funciones de seguridad.
Lo anterior se desprende del informe que recientemente se hizo público por el gobierno estatal que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros y que estaría avalado por el Órgano de Fiscalización Superior que opera bajo el control de la Auditora General, María Isabel Delfina Maldonado Textle.
En estricto sentido, ningún presidente municipal o presidenta municipal de la entidad cumplió al cien por ciento, ya que lo mismo se puede observar ayuntamientos importantes como Apizaco, Huamantla, Tlaxcala, Chiautempan, Zacatelco, San Pablo del Monte y Calpulalpan, así como otros con una reducida fuerza policiaca como Tlaxco, Hueyotlipan, Axocomanitla, Nopalucan, Amaxac y El Carmen Tequexquitla sólo por mencionar algunos.
Este fin de semana concluye octubre y veremos si los alcaldes y las alcaldesas deciden despedir a los policías municipales que no están evaluados ni acreditados, porque si los mantienen estarán incurriendo en una anomalía administrativa que entonces corresponderá observar y sancionar al Órgano de Fiscalización Superior.
Si en las actuales condiciones la seguridad en los 60 municipios de la entidad es deficiente, ésta podría agravarse si más de 500 uniformados son dados de baja en los próximos días, porque al parecer no habrá otra salida pues dudo que las autoridades vayan a solapar tal inconsistencia que se encuentra observada y debidamente documentada.
Hasta ahora los presidentes municipales y las presidentas municipales han sido poco solidarios con el gobierno de Lorena Cuéllar que está enfocado en mejorar la seguridad, prueba de lo anterior es que por quinto mes consecutivo la entidad se mantuvo con la menor incidencia delictiva a nivel nacional.
Gracias a la presión que ha ejercido el gobierno estatal, se pudo alcanzar un avance importante en la evaluación de los policías municipales, pues del 10 por ciento se pasó al 46 por ciento en la Certificación Única Policial (CUP) de elementos municipales.
Si bien hay unas cifras que son alentadoras, lo cierto es que también hay datos que preocupan y que demuestran que se debe reforzar y mejorar la seguridad en Tlaxcala. Hoy casi cada 3 días se comete un homicidio doloso, de ahí que de enero a septiembre de este año ya se tienen contabilizados 97 asesinatos.
Tal cantidad representa un incremento del 10 por ciento en comparación con el año pasado. Y si se mantiene esa tendencia es muy probable que se superen las cifras que se alcanzaron en el gobierno del priista Marco Antonio Mena Rodríguez, donde realmente se tuvo una escalada alarmante de homicidios dolosos en relación a la administración del hacendado Mariano González Zarur.
Veremos qué pasa con la seguridad y los policías municipales que están a punto de ser despedidos.
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