Alguien deberá aplicarse y tratar de resolver el conflicto interno al interior del sindicato “7 de Mayo”, porque algunos miembros se están organizando para protestar durante la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se celebrará la siguiente semana en el zócalo de Tlaxcala.

 

 

Trascendió que los burócratas afines al grupo de Enrique Escobar Cortés tienen pensado protestar en esas competencias por la negativa de las autoridades para reconocer su dirigencia y denunciar la intromisión que supuestamente ha tenido la administración de Lorena Cuéllar Cisneros en la vida interna de ese sindicato.

 

Aunque el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, ayer hizo un llamado a los grupos que se disputan el control del sindicato “7 de Mayo”, con la finalidad de entablar una mesa de diálogo con el objeto de que sea la base trabajadora quien elija a sus representantes y así, terminar con el conflicto que se viven en el interior de la organización, en los hechos se muestra renuente a atender al grupo de Enrique Escobar como quedó demostrado el miércoles por la tarde.

 

Si los burócratas cumplirán su amenaza o no de llevar a cabo una protesta el próximo 15 y de 16 Octubre en la final de Copa del Mundo de Tiro con Arco no se sabe, pero de que la propuesta se hizo y se están organizando es real.

 

En esos días se darán cita en Tlaxcala los mejores arqueros del mundo en la rama femenil y varonil, de ahí que los agremiados al mencionado sindicato esperan aprovechar esa competencia para denunciar a la administración lorenista. Veremos si alguien interviene y lo evita o se deja pasar ese hecho bajo el argumento de que no afecta en nada.

 

Trascendió que ninguno de los 60 municipios cumplió con el plazo de lograr el pasado 30 de septiembre la certificación de sus policías municipales y directores de seguridad pública, por lo que la próxima semana los alcaldes y alcaldesas seguramente recibirán la instrucción de despedir y dar de baja a un número importante de elementos porque ya no se permitirá esa anomalía que se traduce en un daño patrimonial para los ayuntamientos.

 

De no existir algún arreglo o una prórroga de última hora, se estima que podrían ser despedidos entre 300 y 500 policías municipales y por lo menos 15 directores de igual número de corporaciones, por no estar certificados y por no cumplir con los exámenes de control y confianza.

 

Hay municipios que desde marzo decidieron no actualizar su fuerza policiaca y por lo tanto los elementos que no estén avalados serán dados de baja como es el caso de Xicohtzinco, Xaltocan, Panotla, Nativitas, Hueyotlipan, Calpulalpan y Apizaco.

 

Seguramente habrá protestas y acciones para evitar que se concreten los despidos de los policías municipales que no están certificados, pero hasta donde se sabe en esta ocasión no habrá marcha atrás y la decisión se mantendrá firme.

 

Trascendió que los últimos meses del año no serán muy buenos para los expresidentes municipales que dejaron malas cuentas en los ayuntamientos que mal gobernaron, porque con la llegada hace un mes del nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Ricardo Sánchez Ramírez, los expedientes se han reactivado y varios podrían ser llamados a cuentas en las siguientes semanas.

 

Se dice que varias carpetas están terminadas y que incluso algunas podrían judicializarse antes de que finalice el presente año, por lo que no sería raro que se supiera en las siguientes semanas de una que otra detención de un ex alcalde, lo que seguramente provocará una enorme preocupación en otros ex munícipes que saben que incurrieron en malos manejos financieros.

 

Se habla que en esta administración el combate a la corrupción no será una simulación y que en breve los ciudadanos y las ciudadanas comprobarán con hechos que esas conductas serán castigadas.

 

Por lo pronto habrá que esperar y ver que en realidad los ex alcaldes y ex funcionarios estatales sean llamados a rendir cuentas.

 

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