La palabra del presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, quien en campaña y durante las primeras semanas de su opaca y mala administración, en el sentido de ser transparente y comprometida con la rendición de cuentas no vale ni está siendo respaldada por hechos, porque algo de lo que están adoleciendo los gobiernos de Morena y de la Cuarta Transformación en la entidad es la ausencia de información oficial de cómo ejercen los recursos, los salarios y los procesos de licitación para realizar obras o sus compras.
Si no me cree, sólo visite el portal oficial del ayuntamiento de Tlaxcala y entre al apartado de transparencia para que usted compruebe que no existe ninguna información disponible.
Se menciona que en breve el alcalde de corazón panista vestido de morenista Jorge Corichi pronto entregará nuevas patrullas para la policía municipal, sin embargo a la fecha nadie sabe cuándo se licitó la compra ni quien resultó el proveedor favorecido ni cuánto costó cada unidad, situación que genera muchas dudas y sospechas.
Y para seguir con la actitud opaca y su falta de transparencia, hace unos días el castrado, pero escurridizo alcalde capitalino, anunció que su administración por fin hará obras públicas para las distintas comunidades y colonias de Tlaxcala.
Lo anterior resulta bueno y positivo, pero lo malo está cuando uno pregunta sobre el proceso de licitación y cuáles fueron las empresas ganadoras, porque nadie sabe nada y todos evaden el tema por instrucción del “vicepresidente”, el panista michoacano Miguel Ángel Chávez Zavala, quien por cierto recurre a la asesoría y consejos del desprestigiado ex edil de la ciudad y también militante del PAN, Adolfo Escobar Jardinez.
Hasta donde se sabe, en los siguientes meses se ejecutarán un total de 56 obras con el Fondo de Infraestructura Social y Municipal 2022, mismas que recientemente ya se pusieron en marcha.
Antes de ser alcalde, Jorge Corichi se ostentaba como un “poderoso constructor” que según él realizaba trabajos en diferentes entidades hasta por 200 millones de pesos al año. Hoy cómo está dedicado a mal gobernar la capital de Tlaxcala, es obvio que dejó su empresa y juega a ser presidente municipal y político de grandes vuelos, por lo que seguramente decidió contratar a empresas de la entidad para ejecutar la nueva infraestructura urbana de la ciudad y evitó caer en la tentación de auto contratarse o encargar las mismas a amigos y cuates.
Tarde o temprano fluirá la información y le diremos el monto y los nombres de las empresas beneficiadas.
Una apuesta equivocada
La apuesta de la actual administración estatal de buscar el control del sindicato “7 de Mayo” parece ser que le saldrá muy cara por el desgaste que le provocará a la imagen de la gobernadora las marchas y protestas que los miembros de ese gremio están decididos a llevar a cabo hasta que se reconozca a Enrique Escobar Cortez como su nuevo dirigente.
Hace una semana le comentaba que la decisión de inmiscuirse en la vida interna de ese sindicato tendría sus consecuencias, mismas que no resultan favorables para la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros que ayer pudo percibir que los agremiados sencillamente no quieren saber nada del matrimonio integrado por Pedro Erazo Rivera y Guadalupe Rodríguez Guzmán, quienes buscan retomar el control de esa organización que aglutina a los servidores públicos del estado y de los municipios.
El asunto que debería ser resuelto y atendido por el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández y el Oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui, se mantendrá vigente tal y como sucede con otros problemas más, porque ya se decidió recurrir a los recovecos legales para no reconocer a Enrique Escobar como dirigente, tarea que está bajo la responsabilidad de “el plomerito” Miguel Ángel Tlapale Hernández, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA).
Los trabajadores afiliados al “7 de Mayo” dicen tener la razón y los elementos jurídicos para exigir la toma de nota a la autoridad laboral de Tlaxcala, pero no se han dado cuenta que entraron al terreno que el gobierno lorenista quería y que es el de recurrir en breve a la justicia federal para litigar todo el tiempo que sea posible ese asunto y lograr que ese sindicato permanezca el mayor tiempo posible sin dirigencia para generar desgaste y preparar la llegada de una representación a fin a los intereses de la actual administración estatal.
Hasta ahora las protestas y marchas no han afectado la actividad en las dependencias, pero no descarte que los trabajadores recurran a otras medidas de presión para hacer patente su descontento contra la actual administración estatal.
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