El arranque de los gobiernos de la Cuarta Transformación en Tlaxcala y su continuidad en el Congreso del Estado ha sido complicado y en algunos casos, como en el ayuntamiento capitalino, la división y la confrontación entre los miembros del Cabildo provocará un desgaste y un golpeteo que podría terminar beneficiando a la oposición.
La llegada de Morena y Lorena Cuéllar Cisneros a la gubernatura de Tlaxcala ha implicado la limpia de servidores públicos y la llegada de nuevos funcionarios que, si bien algunos tienen algo de experiencia, hay otros que muestran su falta de capacidad y tarde o temprano esas inconsistencias se empezarán a traducir en problemas, como el torpe secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, que ante cualquier reclamo de los trabajadores sindicalizados se pone a temblar y recula en sus decisiones.
A penas el nuevo gobierno lleva 15 días en el poder y las grillas internas entre los funcionarios del gabinete legal y ampliado están intensas, como las que lleva a cabo el titular de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Homero Meneses Hernández, quien cada que puede se queja del golpeteo mediático, de que no lo dejan brillar y de los recomendados de la gobernadora que, según él, no tienen el conocimiento ni la experiencia para desempeñarse dentro de la administración pública.
Pero así como se queja de lo anterior hace todo lo posible para ocultar que los amigos y colaboradores de su jefa la gobernadora, Lorena Cuéllar, ya obtuvieron contratos para obtener beneficios económicos de la actual administración, los cuales fueron asignados porque nunca existió una licitación.
Por ejemplo, las nuevas autoridades estatales y Homero Meneses negarán que el empresario y aspirante a ocupar la Secoduvi, Delfino Chamarro Macías, habría sido contratado para pintar la Casa de Gobierno o que el hijo del fallecido líder transportista Rubén Darío Domínguez Guzmán fue el beneficiario del jugoso negocio de trasladar a los maestros de la entidad a través de camiones que son pagados por la Secretaría de Educación Pública y que su dependencia recurrió a “comercializadoras amigas” para abastecer de alimentos a las normalistas, al Internado José Amarillas y a otras instituciones que atienden el gobierno del estado.
El descuido de las nuevas autoridades estatales no sólo tiene que ver con la asignación de jugosos contratos a los amigos, sino con decisiones que están dejando muy mal parado al gobierno de Lorena Cuéllar que en repetidas ocasiones ha torcido la ley para cumplir caprichos o pagar facturas.
El primero tendría que ver con la designación de Laurencio Marco Antonio Castillo Hernández que fue designado como rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, mismo que incumple con los requisitos legales para asumir ese cargo, sin embargo se pretende mantenerlo pese a que esa decisión terminará costando varios millones de pesos a la Institución por las demandas de despido injustificado que pronto serán presentadas.
Otro nombramiento que no encaja es el de la ex diputada local Luz Vera Díaz como directora del Conalep en Tlaxcala, ya que esa política carece de título profesional y por esa razón no puede desempeñar el cargo porque violaría el decreto.
Y para cerrar con broche de oro se encuentran los nombramientos que realizó la semana pasada la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, hija de la gobernadora Lorena Cuéllar, porque sencillamente carece de facultades legales para llevar a cabo ese procedimiento que corresponde a su mamá o a la directora general de esa dependencia.
Los once nombramientos que habría hecho la hija de Lorena Cuéllar y que fueron dados a conocer a través de un comunicado de prensa son ilegales porque la ley no la faculta. La única que está autorizada para designar a la directora o el director general del Sedif es la gobernadora y ese funcionario es el que legalmente puede nombrar a sus colaboradores, pero no la presidenta honorífica.
A la Cuarta Transformación y a la gobernadora le urge un buen asesor jurídico porque los errores que están cometiendo son de primaria y los están haciendo ver no sólo como ignorantes sino como improvisados.
Un Cabildo fracturado el que encabeza Jorge Corichi
La negativa para cumplir acuerdos y establecer negociaciones con los grupos que lo ayudaron a ganar la presidencia municipal de Tlaxcala está provocando que el alcalde Jorge Corichi Fragoso tenga un complicado inicio en el Cabildo capitalino.
El viernes pasado en la sesión extraordinaria quedó evidenciado que ese cuerpo colegiado se encuentra fracturado. Jorge Corichi se alió con tres regidores y los presidentes de comunidad para imponer su aplanadora a fin de alterar ilegalmente el orden del día, designar a funcionarios municipales, integrar comisiones y el comité de adquisiciones, así como para concretar la aprobación de un poder con el cual se le arrebatan algunas facultades a la síndico.
Un grupo de regidores encabezados por la síndico municipal Rosalba Salas Jaramillo y el regidor Raymundo Vázquez Conchas se opusieron a que los presidentes de comunidad ejercieran la facultad de voto, porque según una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden participar en la sesiones de Cabildo con voz, pero no sufragar porque ese nivel de gobierno no está reconocido en la Constitución.
Las diferencias entre Jorge Corichi y Raymundo Vázquez fueron evidentes. El pleito subirá de tono en los próximos días y éste sin duda llegará a los tribunales. El presidente municipal la tendrá complicada porque sus aliados en el Cabildo le saldrán muy caros, sobre todo cuando éstos se den cuenta que el edil es su rehén y que deberá cumplirles todos sus caprichos si es que quiere seguir contando con su voto y respaldo.
Habrá que ver en qué termina este pleito.
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