La cuenta regresiva para que la moribunda administración estatal deje el poder y para que las nuevas autoridades inicien su gestión ha empezado, pero las complicaciones de ese proceso han comenzado a surgir porque la burocracia dorada no está dispuesta a asumir la instrucción de dejar sus espacios para permitir que los lorenistas disfruten, sin mayor complicación, de los salarios y los beneficios que implica trabajar en el gobierno del estado.

 

 

Ante la ausencia por renuncia del inútil secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, que aventó el proceso de entrega recepción para presumiblemente torcer la ley a fin de convencer al actual mandatario para que sea designado notario público, hoy el que ha tomado la batuta de esa responsabilidad es Luis Miguel Álvarez Landa, titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, quien en las últimas horas ha tratado, sin conseguirlo, las renuncias de los funcionarios de los mandos medios de la administración a fin de cumplir el compromiso que se hizo con las próximas autoridades de dejar libres esos espacios laborales.

 

La única certeza que se tiene es que los titulares del gabinete legal y ampliado del gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez sí renunciarán y se irán sin generar ningún tipo de conflicto laboral, pero esa disposición no ha sido replicada por la burocracia dorada que ocupa direcciones, coordinaciones y jefaturas de departamento en las dependencias, porque no está dispuesta a renunciar a sus derechos sólo para que los jefes queden bien con la futura gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.

 

A la estructura administrativa conformada por marianistas, menistas y uno que otro colado de la era orticista, se le está presionando para que entregue su renuncia con fecha al 30 de agosto. Aquellos que lo hagan y acepten la parte proporcional que les toca de aguinaldo y otras prestaciones recibirán el cheque correspondiente, pero sólo eso porque no existe el compromiso de indemnizarlos ni liquidarlos, situación que encendió los focos de alarma entre la burocracia que poco a poco se ha venido rebelando ante lo que consideran un abuso e injusticia.

 

Marco Mena se comprometió con la gobernadora electa Lorena Cuéllar entregar las renuncias de todos los funcionarios y dejar libres los espacios laborales para que a partir del 31 de agosto los nuevos servidores públicos ocuparan sus cargos, ofrecimiento que se está complicando porque hay empleados que tienen cuatro o hasta casi once años trabajando en el gobierno del estado y no quieren irse sin ser liquidados, de ahí que seguramente muchos aguantarán la actual presión y en caso de ser despedidos por sus nuevos jefes recurrirán a la justicia con el propósito de litigar y obtener lo que legalmente les corresponde.

 

Las posibilidades de que la nueva administración enfrente decenas de demandas por despidos injustificados son enormes y tal situación golpeará tarde o temprano las deterioradas finanzas estatales que, al finalizar la actual gestión, sufrirán una merma importante por el número de empleados que tramitó y logró su pensión.

 

Los nuevos “Rockstar” que acompañarán a Lorena Cuéllar al arranque de su administración están definidos y en la actualidad la mandataria morenista lleva a cabo el proceso de designación de cada uno de los nuevos funcionarios que se incorporarán a la nómina estatal. Ella es la única que palomea y la única que asumirá la responsabilidad de sus decisiones.

 

Los jefes lorenistas pronto sabrán si al llegar a las dependencias estatales trabajarán con los empleados designados por su lideresa o tendrán que iniciar sus labores con la estructura administrativa que les heredarán las administraciones de Mariano González Zarur y Marco Mena.

 

El arranque del gobierno de Cuéllar Cisneros será complicado porque los futuros jefes llegarán sin equipo propio o que al menos conozcan. El proceso de acoplamiento de la nueva estructura administrativa será lento y desgastante, por lo que la rotación de funcionarios y el cambio de los mismos quizá sea la constante en el primer año de la próxima administración.

 

Ayer, por cierto, se despejó la duda sobre quién será la próxima procuradora de Justicia de Tlaxcala, pues a esa posición se perfila la ex magistrada Ernestina Carro Roldán, quien ayer presentó su renuncia voluntaria y con carácter de irrevocable como presidenta interina de la Sala Penal Especializada en la Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

 

Los retos que enfrentará esa abogada son enormes y seguramente se deberá de aplicar al máximo si es que quiere dar resultados y limpiar la imagen de una dependencia podrida y en donde pulula la corrupción.

 

Se dice que el actual procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, ha acumulado una importante fortuna, ya que al parecer todos sus familiares cercanos han adquirido casas como su suegra y su mamá, al grado que también se rumora que para ocultar sus nuevas propiedades ha recurrido a prestanombres.

 

Ernestina Carro tendrá la voluntad de solicitar una auditoría a la gestión de Aquiahuatl Sánchez que incluya los manejos financieros de la directora Administrativa de la PGJE, Norma Cortés Rojano, quien también se dice que en los últimos meses ha adquirido inmuebles y automóviles.

 

Será capaz de aclarar quién cobró los sueldos asignados a ciertas fiscalías que estaban acéfalas y que de la noche a la mañana aparecieron con titular. Podrá y tendrá la intención de preguntar cómo es que se devolvió la casa del multihomicida de San Luis Teolocholco después de un saqueo y por qué la agente Marlen Lara sigue laborando sin ninguna sanción luego de poner en riesgo la vida de personas al balacear con su arma larga a un sujeto en Apizaco.

 

Será que esa agente goza de privilegios sólo por ser pareja sentimental de Raúl Moreno, quien se desempeña como comandante operativo de la PGJE.

 

La futura titular de la PGJE investigará por qué la subprocuradora sigue presuntamente cobrando las devoluciones de automóviles en 30 mil pesos y en 50 mil pesos la de tráiler.

 

Las expectativas y dudas existen y ahora sólo falta ver si en Tlaxcala las cosas van a cambiar o simplemente se simulará una transformación para dejar todo igual.

 

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