Eran múltiples las firmas interesadas en los 159 millones del contrato para surtir equipo y otros insumos, pero se la adjudicaron a una, en un descarado acto de año de hidalgo

Botica Atracan, Martha Sesin, Alicia Fragoso, Embriangan Gente, Influyentes, Tlaxcala Online

Varios eran los proveedores interesados en la convocatoria GET-LPN- 070/2016 para vender a la Secretaría de Salud de Tlaxcala equipo médico e insumos  por más de 159 millones de pesos.

El proceso avanzaba, pero la última semana de julio de este año, desapareció el funcionario encargado de realizar este negocio a nombre del gobierno de Tlaxcala. Jorge Capiz Jasso, sería secuestrado y posteriormente muerto. En eso concluye una serie de notas que responsabiliza a un grupo de secuestradores del Estado de México.

Sin embargo el trágico destino de Capiz Jasso no frenó dicha negociación.

Diversas fuentes del sector salud consideran que esta transacción se dio en el contexto de una desesperada maniobra para no ir más allá de septiembre de 2016, último mes que por consigna será auditado por el actual Congreso estatal, el cual con toda seguridad aprobará esta cuenta pública.

Tan así sería que, por la decisión de Cristian Erick Temoltzin Carreto, hermano del contralor del Ejecutivo, quien se desempeña como jefe del departamento de operación y seguimiento del Seguro Popular, aquella convocatoria se transformó unilateralmente en adjudicación directa, favoreciendo a la firma denominada Proveedora Mexicana de Artículos de Curación y Laboratorio SA de CV.

Las demás empresas pusieron el grito en el cielo. Cualquiera supondría que por el monto en juego ya habrían adelantado voluminosas comisiones a Capiz Jasso, pero su desaparición modificó los tratos originales, ¿y quién se atrevería a exigir la devolución de dineros clandestinos para ser favorecidos, si ello los pudiera relacionar con los hechos violentos en los cuales perdió la vida el director de compras del gobierno de Mariano González Zarur?

No es una bicoca. Ciento cincuenta y nueve millones de pesos tenían que gastarse a como diera lugar.

Y en ese tipo de transacciones los sobreprecios pagados son suficientes para contar con la voluntad de directivos, sindicato, gobernador, incluso diputados.

Citaremos el ejemplo del empresario Luis Francisco Molleda, apoderado legal de al menos diez firmas, y asociado con un ex funcionario del ISSSTE, Carlos Barrera Ríos (no se extrañen si estos son dueños de la empresa beneficiada con los 159 millones de SESA), quienes han llegado a vender cubrebocas, de un precio original de sesenta centavos por pieza a 2.98, es decir 396 por ciento de sobreprecio; sillas en 800 pesos cuando su costo original apenas rebasa los cuatrocientos pesos, o uniformes para el personal médico y de mantenimiento, con precios que podrían fácilmente duplicar su costo original.

Así lo documenta la revista Newsweek en dos amplios reportajes bajo los títulos de La pareja de la estafa, y Red empresarial simula competencia para ganar licitaciones en la SEP.

Y conste que en la mayoría de los casos los contratos no superan los sesenta millones de pesos.

Aquí nos enfrentamos al nervio burocrático de Tlaxcala por gastar casi 160 millones de pesos, una desmesurada fortuna que, sin duda abonará en los caóticos estados financieros del Seguro Popular, en el limbo desde 2014.

Así que este escándalo si algo hizo fue exhibir a los responsables del festín contable en el Seguro Popular, uno de los cuales podría ser el hermano del contralor del ejecutivo y jefe del departamento de Operación y Seguimiento de dicha institución.

En otras palabras, el carácter social del Seguro Popular es una vacilada para este tipo de funcionarios, sobre quienes seguramente hay una presión de muy arriba para, violar leyes, destrozar licitaciones y sacar de la manga, como magos, adjudicaciones.

De hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene desde hace tiempo múltiples denuncias en contra del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por el daño patrimonial comprobado, sobre todo en el tema del Seguro Popular.

Este, sin duda es uno de los asuntos que no debería perder de vista el casi gobernador electo, Marco Mena, a quien están por heredarle un verdadero infierno de deudas y actos criminales y corruptos.

Debería ser tema de los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso.

Sabemos que su pasividad casi va de la mano con la planeación de cosas más importantes para ellos, como lo es la noche mexicana para conmemorar el Grito de Independencia. Sus funciones están perfectamente delimitadas, y entre ellas desapareció la de ser contrapeso de los demás poderes. Al contrario, actúan como cómplices mientras sus mesadas sean constantes y abultadas.

Es preferible la intervención de instancias como la ASF, porque representación real de diputados federales como los cuatro que cobran como tales (tres del PRI y uno del PAN) no es más que el hilarante seguimiento de estadísticas para ver cuál de los cuatro es tiene más estrellas pegadas en la frente por su labor parbularia en donde deberían preferir la calidad y no la cantidad.

Tatatiu tatatiu

Como decía Beto el boticario… porque se habrán enterado ustedes de la eficiencia de la procuraduría estatal, para enviar casi las tanquetas –con las que no cuenta por cierto- al antro del hijo de Martha Sesín, suegra de la lic Chío Reyes, singular asistente de la procuradora Alicia Fragoso, a la cantinota en cuestión, atracada por unos maleantes que, sencillamente desaparecieron, no le aunque que trabajaban en el centro histórico de la capital de Tlaxcala.

La botica suele ser refugio de diputados (y diputadas) con severos problemas de alcoholismo, al grado que tienen que acudir a la botica buscando una curación a sus dolorosas resacas.

Es la muestra de cómo un sitio dedicado a embriagar a la gente tiene la suficiente influencia como para mover a la procuraduría… sí la misma que liberó a los rateros esos (¿de Estado?) que le mandaron al maltrecho Hugo Morales Alanis, a su misma casa en Zacualpan.

La misma que no destaca entre el armatoste de instituciones, llámese Gendarmería o sea dirigida por el bohemio responsable estatal de la seguridad Oreste de Jesús Estrada Miranda.

No solo estamos a merced de los malos, sino custodiados por los peores.