Si la Auditoría Superior de la Federación no hubiese intervenido, quedaría en la impunidad un presunto pago de 80 millones, cuando el presupuesto era de ocho.

Corrían los primeros meses de la presente administración. Era difícil soportar tantas obras a punto de terminar, pero al fin y al cabo inconclusas. Pero el estilo del mandamás había sido detectado por el olfato de ciertos servidores públicos a quienes sus largos y retorcidos colmillos tenían, sí señor que hacerlos ricos.

Al río revuelto por las rabietas del jefe… ganancia de constructores, bueno no de muchos… está bien, de uno solo.

Se trataba de colocarse los bigotes del patrón y recorrer las obras esas que le platico para ocultar deficiencias y, en el mejor de los casos para convertirlas en el negocio de la vida.

Hoy se le puede ver dirigiendo una secretaría, la de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda. Atrás quedó su historia de ingeniero residente de obras.

Pues, con esa mística marianista, un día este señor que nos ocupa, se constituyó en una de las obras legadas, en las que era posible encontrar una mina de oro. Subió sus caros zapatotes y todo lo demás en una camioneta, condujo a Huamantla y al fin tuvo ante sus ojos al elefante blanco llamado Hospital de la Mujer.

Un vistazo muy rápido le permitió seleccionar el lugar indicado para encontrar el cofre. Y fue hacia el cuarto de máquinas.

Algunos testigos nos compartieron lo que habrían sido los diálogos entre el protagonista de esta historia y los ayudantes que llevaba:

– Hay que echar a andar esta madre…

Así lo ordenaría a sus dinámicos subordinados, quienes sin pensarla dos veces aplicaron la maña y se valieron de lo que tenían a su alcance para «puentear» alta tensión y accionar el interruptor que, en cosa de instantes simplemente estalló. Y se registraría un connato de incendio. Qué digo connato… se quemó el cuarto de máquinas.

– Ah, que cosas… ¿verdad?

¿Y el protocolo, paso obligado por la Comisión Federal de Electricidad?… pero cómo reclamarlo si se trataba de un vulgar diablito (bueno ni tan pequeño porque se trataba de alta tensión).

Los daños fueron graves. En otras palabras, el tan citado cuarto de máquinas, dicen, se hizo chicharrón.

El ingeniero residente de esa obra, hoy todo un secretario, lamentaría el acontecimiento, pero no tardó en vislumbrar la única solución posible: llamar a un contratista amigo para reparar el daño.

Nos dicen que el desperfecto costaría más o menos ocho millones de pesos.

Las gestiones prosperaron. El cuarto de máquinas volvió a quedar pintadito y listo para suministrar energía y servicios al famosísimo hospital, elefante blanco dejado a medias por el irresponsable gobierno anterior.

Lo increíble del caso, también nos dicen, es que la reparación implicó un pago ligeramente más alto de lo estimado originalmente. De ocho millones calculados subiría a ¡ochenta millones!

¿Qué?, ¿ochenta millones de pesos?

Yes.

Bueno, todo indicaba que la experiencia del ex residente de obra –hoy titular- no halló impedimento para cubrir la escandalosa suma.

¡Misión cumplida!

Se daría la colusión de otras instituciones locales para cubrir el tremendo gasto. Inversiones innecesarias, como sacar a Pensiones Civiles o pagar una lana más a los abuelos, fueron pasadas por alto… pero:

No contaban con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuyos investigadores detectaron números extraños… ya sabe usted, cosa de ceros a la derecha de los presupuestos que, se habrían convertido en pagos.

También en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) habría –nos dicen- la sospecha de que el estado dejaría de aportar cantidades significativas. O sea, se trataba de un daño nada menor.

Los meses pasaban. Las investigaciones avanzaban. Pero de alguna manera el desliz sería ocultado hasta que, ya se imaginará, la proximidad de la elección provocó la remoción de la lápida que medio cubría al muerto.

Si al ex gobernador de Baja California, el perredista Narciso Agundez, fue a dar tras las rejas por un peculado de 51 millones, qué le esperaría a un gobierno vigente con esta bomba de 80 millones.

Pero ahora contamos con una Secretaría de la Función Pública (SFP) atenta e intolerante a cualquiera de estas anomalías.

¿Entonces por qué el silencio?

Sólo queda aclarar si en realidad hubo un gasto de 80 millones y detectar la pestilencia que le precede.

Ni modo que el ex residente de obra responda al gobernador, su patrón, que desconocía las condiciones del cuarto ese de máquinas que ardió como chinampina.

Otras obras

Hace poquitito fueron cesados varios servidores públicos de la Secretaría de Salud. Tenían que ver con el otorgamiento de obras y las adquisiciones.

Pues no se irían con las manos vacías. Tres obras, con costos entre diez y doce millones de pesos fueron dadas a constructores bajo un enrarecido proceso de adjudicación.

Se trataba de obras licitadas a nivel nacional.

A final de cuentas, las firmas participantes quedaron frustradas porque, aprovechando el cese de los mencionados funcionarios, la Secretaría de Salud las trasladaría a la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), donde al parecer el encarecimiento de las mismas se parece a la acción de borrar las manchigrecas.

Y todos perdieron.

Digo, todos los constructores que pretendían convertirse en proveedores del gobierno de Tlaxcala, porque unos cuates que usted y yo ya conocemos, pues esos, esos no perdieron. Al contrario, se hicieron más ricos.

Falta ver qué dice al respecto la respetada Secretaría de la Función Pública.