Los hechos y acontecimientos registrados en las últimas semanas deberían sopesarse en su justa dimensión, porque de no hacerse se corre el riesgo de no actuar a tiempo y de no ejercer el poder correctamente y con prudencia.
La percepción de que en Tlaxcala existe un gobierno débil empieza a permear. Los problemas de inseguridad, descontento social, falta de empleo y otros más están rebasando a las autoridades estatales que lejos de atender los conflictos y las adversidades, están optando por justificarse o por aventar la responsabilidad a alguien más.
La actual administración ya no puede culpar al anterior gobierno de los problemas ni de la falta de resultados. Su proceso de aprendizaje terminó y con 20 meses en el poder está obligada a atender y resolver la problemática del estado.
Los tlaxcaltecas no están contentos ni conformes con lo que está pasando. No sólo ven que la entidad no avanza ni que sus poblaciones mejoren, porque la escasez de obra pública es una realidad y la prestación de los servicios públicos es cada día más deficiente.
Si la inseguridad se ha incrementado, así como la percepción de la corrupción, es porque algo se está haciendo mal. Y si la mayoría de los presidentes municipales tlaxcaltecas son omisos, irresponsables y valemadristas, es porque el gobierno estatal los ha apapachado, consentido y protegido.
En la última semana de abril la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros fue increpada por habitantes de Calpulalpan durante un evento que se realizó en ese municipio, pues los vecinos le exigieron de mal modo y con gritos que interviniera para que se solucionará la escasez de agua potable que enfrentan desde hace algunas semanas.
Para mala suerte de los habitantes, su petición obviamente fue ignorada y es evidente que el inútil secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, como es su costumbre, no hizo nada, de ahí que el nefasto alcalde Edgar Peña Nájera optó por desatender ese problema que ayer escaló de intensidad, pues los vecinos afectados de Santiago Cuaula, San Marcos, Espejel Mazapa y San Cristóbal Zacacalco bloquearon una carretera para demandar una solución a su problema, sin embargo lejos de obtener una respuesta favorable fueron reprimidos por la policía estatal bajo el mando de Ramón Celaya Gamboa, secretario de Seguridad Ciudadana.
Si Sergio González dedicara el mismo tiempo que destina para promoverse y pretender alcanzar la candidatura de Morena al Senado que en solucionar los problemas existentes en la entidad, quizá la manifestación y represión de ayer contra los habitantes que demandaban agua potable se hubiera evitado o a lo mejor el conflicto social de Xicohtzinco que está por cumplir dos años ya se hubiera resuelto.
Triste y lamentablemente no es así, porque ahora resulta que el tonto y limitado secretario de Gobierno pasó de ser un “experto político” a un infalible perito criminólogo que determinó por su vasta experiencia que tiene en investigaciones en asesinatos que el hecho sucedido en pasado fin de semana en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala no fue un linchamiento sino un homicidio, con lo cual trató de justificar la inoperancia del protocolo que recientemente se aprobó para evitar ese tipo de hechos tan lamentables.
Antes de declarar estupideces, Sergio González debería leer el significado de linchamiento y entender que lo que sucedió en Santa Cruz Tlaxcala fue una ejecución sin proceso de un presunto sospechoso de un robo.
Con un funcionario tan limitado como Sergio González es entendible porque los alcaldes tlaxcaltecas hacen lo que quieren y se desentienden de la problemática que por ley les corresponde solucionar.
Resulta indignante que el presidente municipal de Calpulalpan Edgar Peña no tenga recursos para dotar de agua potable a las comunidades que llevan semanas sin el vital líquido y si disponga de recursos públicos para contratar a la sensual Gloria Trevi que se presentará en la feria de esa población.
El gobierno no debe confiarse ni minimizar protestas sociales como las de Calpulalpan o el bloqueo de carreteras como el que protagonizaron conductores de unidades automotoras que operan a través de plataformas digitales y de repartidores de alimentos que se manifestaron contra la impunidad y el constante robo de sus vehículos.
Hay sectores como el campesino y el de los transportistas que no están conformes con lo que está pasando y con el trato que están recibiendo por parte de las autoridades. También hay vecinos inconformes con ciertas obras del gobierno y propietarios de vehículos que están molestos por el desesperante proceso que se debe llevar a cabo para cambiar las placas.
Alguien debe poner atención a las señales que se están recibiendo antes de que sea demasiado tarde.
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