La gran duda que existe en torno a las futuras autoridades estatales y los diputados locales es si harán efectivo o no el combate a la corrupción y la fiscalización, porque está claro que el Sistema Estatal Anticorrupción y el proceso de revisión y aprobación de cuentas públicas no sirven para nada en Tlaxcala.
El PRI y su actual gobierno nunca quisieron que el Sistema Estatal Anticorrupción funcionara correctamente, pues más que dedicarse a prevenir, investigar y sancionar las malas prácticas de los servidores públicos, optó por encubrir y proteger ese grave problema que existe y se encuentra arraigado en la entidad.
Pero no crea que sólo el PRI defraudó a los tlaxcaltecas, ya que Morena y sus aliados como el PT y el PEST también resultaron una gran decepción para los ciudadanos y las ciudadanas, quienes comprobaron que en la revisión y aprobación de las cuentas públicas los diputados locales de esos partidos y de otros más torcieron la ley para ocultar las anomalías financieras y administrativas de ciertos presidentes municipales.
Morena y sus aliados hicieron lo mismo que el PRI o el PAN en la fiscalización de los recursos públicos de los 60 municipios y que se vio en pasadas legislaturas. En contubernio con el PRD y otros partidos de la chiquillada, mandaron al carajo los informes del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y sin ningún rubor o problema avalaron dictámenes con sentido aprobatorio, con lo cual otorgan una protección a los alcaldes para seguir con sus malos manejos financieros.
Al iniciar el proceso de fiscalización, el OFS reveló sus informes y se supo que de las 60 cuentas públicas correspondientes a igual número de ayuntamientos, 25 contenían resultados negativos y sólo 35 eran las que podrían ser avaladas.
Sin embargo, no sólo los informes fueron ignorados y cambiados por los legisladores locales como la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de Congreso del Estado, Luz Guadalupe Mata Lara en complicidad con el neo petista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, la influyente priista Zonia Montiel Candaneda, el limitado panista Israel Lara García, así como los morenistas Víctor Manuel Báez López y José María Méndez Salgado, sino que en tiempo record llevaron la aprobación y reprobación de las cuentas públicas de los municipios del estado.
Por esa razón, las cuentas públicas de Tlaxcala, Apizaco y Zacatelco que debían ser reprobadas de acuerdo con los informes del Órgano de Fiscalización Superior fueron avaladas con un dictamen de minoría. La primera se dice que fue una petición que hizo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y las otras dos porque los ediles en funciones (Julio César Hernández Mejía y Tomás Orea Albarrán, respectivamente) gozan de la amistad de conveniencia de varios legisladores locales.
Los actuales diputados locales piensan que su actitud y comportamiento no tendrá consecuencias legales o políticas, sin embargo se pueden equivocar porque la consigna de la próxima legislatura es revisar y no repetir las malas prácticas, aunque eso todavía está en duda porque quién puede confiar en un legislador embustero, mentiroso y trácala como el morenista Rubén Terán Águila que a partir de septiembre representará, según él, los verdaderos y auténticos intereses de la Cuarta Transformación en el Congreso de Estado.
En materia política, le puedo adelantar que el único legislador de Morena con posibilidades de lograr un cargo de relevancia en el próximo gobierno estatal que encabezará Lorena Cuéllar Cisneros es Ramiro Vivanco Chedraui, porque el resto de sus compañeros de bancada a lo mucho podrá aspirar a un puesto sin importancia y sin presencia mediática a fin de que no se diga que se dio entrada a diputados señalados de poco confiables y proclives a proteger la corrupción como Miguel Piedras Díaz, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, Mayra Vázquez Velázquez, María Ana Bertha Mastranzo Corona y María de Lourdes Montiel Cerón.
La fiscalización en Tlaxcala sigue siendo una burda farsa que ahora continuará cuando los “impolutos” diputados revisen y aprueben las cuentas públicas de las dependencias estatales, del Poder Judicial y de los organismos públicos autónomos.
Es una lástima lo que sucede, pero esa es la realidad.
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