Si en los últimos 18 años no se ha visto que un ex presidente municipal o alcalde en funciones enfrente la justicia por los excesos que cometió en el manejo de los recursos durante sus administraciones, es muy probable que esa circunstancia cambie en los próximos meses porque no habrá un Congreso del Estado que brinde protección o una ineficaz Fiscalía Anticorrupción que lejos de indagar los casos hace todo lo posible por evitar que esos servidores públicos sean llevados ante un juez.
Los actuales presidentes municipales están por conocer los dictámenes de sus respectivas cuentas públicas del 2020, mismos que en breve serán presentados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su análisis y aprobación.
Como era de esperarse, muchos alcaldes se confiaron y cayeron en la tentación de aprovechar la pandemia provocada por el Covid-19 para llevar a cabo uno que otro negocio y para “inventar” gastos que supuestamente justificaban la aplicación de recursos públicos, pero como suele suceder dejaron al último el armado de los expedientes y la entrega de las evidencias, situación que hoy los tiene más que preocupados porque no pudieron documentar sus operaciones, las cuales están siendo observadas y consideradas como un daño patrimonial para los ayuntamientos.
Le puedo asegurar que son más de 25 presidentes municipales lo que están intranquilos por el sentido de los dictámenes del OFS sobre sus cuentas públicas, ya que de confirmarse que ese ejercicio fiscal debe reprobarse por el monto de las observaciones detectadas, se darán los elementos para que muchos enfrenten problemas a la hora de entregar los ayuntamientos a las nuevas autoridades, proceso que iniciará formalmente el próximo 30 de julio.
Si los alcaldes electos detectan inconsistencias y desfalcos en las finanzas municipales, éstos estarán en posibilidades de presentar las denuncias penales correspondientes a partir del 1 de septiembre cuando ya estén en funciones, las cuales se espera que sí sean atendidas por el nuevo gobierno estatal que encabezará Lorena Cuéllar Cisneros, a quien no le temblará la mano para castigar y sancionar todas las conductas ilegales que estén relacionadas con la corrupción.
Si los diputados locales de la actual legislatura que tienen la intención de aprobar las cuentas públicas del 2020 se aventarán la puntada o no de modificar los dictámenes luego de desahogar las audiencias que suelen otorgar a los alcaldes para justificar observaciones millonarias, eso se verá muy pronto, aunque su actuación será muy vigilada porque existe la sospecha de que ya empezaron a negociar para conseguir el aval de los legisladores a fin de que ciertos presidentes municipales salgan limpios de ese proceso.
Hay alcaldes que ya acumulan dos cuentas públicas reprobadas y podrían sumar una más en su negro historial, situación que los encaminaría al patíbulo porque obviamente sus presuntos desfalcos alcanzarán cantidades millonarias que no serán perdonados como sucedió en el gobierno del panista Héctor Ortiz Ortiz y en las administraciones que encabezaron los priistas Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez.
En los últimos 18 años no se ha visto que algún alcalde en funciones o ex presidente municipal haya ido a la cárcel por malversar los recursos públicos, pero lo anterior puede cambiar porque el manto protector que existía para proteger y ocultar la corrupción pronto va a desaparecer y muchos lo van no sólo a extrañar, sino a lamentar.
Se espera que en las próximas horas el OFS entregue los dictámenes de las cuentas públicas del 2020, con lo cual iniciará la queja y la incertidumbre de muchos presidentes municipales que saben que vienen tiempos complicados y que su poder ya se está extinguiendo.
En los siguientes días las oficinas del Congreso del Estado se convertirán en el muro de las lamentaciones. Al tiempo.
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