La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y que fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de negar el registro de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón Orozco, aspirantes a las candidaturas de Morena al gobierno de Guerrero y Michoacán, respectivamente, seguramente se convertirá en una alerta para todos los aspirantes que buscan un cargo de elección popular en Tlaxcala, debido a que no se pueden dar el lujo de cometer errores o excesos.
El INE resolvió invalidar las candidaturas en Guerrero, de Félix Salgado, y en Michoacán, de Raúl Morón, por no haber presentado comprobaciones de gastos de precampaña, medida que ayer fue respaldada por el Tribunal Electoral federal que ordenó a Morena sustituir en 48 horas a sus aspirantes a gobernador en esas entidades.
La confrontación entre el INE y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido evidente y es obvio que la autoridad electoral se impuso en el tema de rechazar las candidaturas de esos dos morenistas que gozaban del respaldo del tabasqueño, quien veía que esos políticos le garantizaban el triunfo de su partido en las elecciones previstas para el próximo 6 de junio.
Si bien para muchos la decisión del INE y del TEPJF fue excesiva y exagerada, lo real es que los consejeros y los magistrados sólo aplicaron la ley, lo que desde ahora debe preocupar a los candidatos de todos partidos políticos porque queda claro que en el actual proceso electoral no se permitirán anomalías o irregularidades.
Si la relación entre Morena y el INE era mala, con tal determinación será más tirante y tensa, al grado que la autoridad electoral no permitirá que se le critique injustificadamente o reciba señalamientos que busquen restarle credibilidad ante los ciudadanos y las ciudadanas.
Prueba de lo anterior, fue la respuesta contundente que el INE dio a las acusaciones que el coordinador de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Homero Meneses Hernández, lanzó en el sentido de que hay sesgo en la fiscalización y un acoso a la abanderada morenista al gobierno del estado, Lorena Cuéllar Cisneros.
El INE rechazó que el proceso de revisión de gastos no sea parejo y también descartó el señalamiento de llevar a cabo una excesiva vigilancia a la campaña de Lorena Cuéllar, pues el personal del organismo ciñe su actuar en cuestiones técnicas y en el marco legal vigente.
La fiscalización asegura que el origen de los recursos que utilizan los partidos y candidatos provenga de las fuentes permitidas por la ley, que no sobrepasen los topes establecidos y que se realicen con transparencia.
En ese sentido, la autoridad fiscalizadora en el estado de Tlaxcala ha realizado en 22 días de campaña 31 visitas de verificación a eventos de la coalición “Unidos por Tlaxcala” y 27 visitas de verificación a eventos de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, con lo cual se demuestra que no existe un acoso a la abanderada morenista.
El INE también pidió a los representantes de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” recurrir a las instancias legales correspondientes para denunciar las supuestas irregularidades que ha cometido su principal contrincante, la cual según los morenistas, gastó en 15 días de campaña más de 5 millones de pesos.
En un documento del INE, el organismo le dice a los morenistas que si tienen los elementos de prueba sobre las afirmaciones vertidas en una conferencia de prensa, lo prudente sería que lo hagan del conocimiento de la autoridad electoral de manera oficial, para que ésta proceda conforme a derecho, ya que hasta ayer no se tenía registrada queja alguna presentada por parte de partidos políticos o coaliciones sobre el tema.
La estrategia de Morena y sus aliados de criticar y desacreditar el trabajo de las autoridades electorales no le funcionó. Pareciera que están nerviosos por la competencia que enfrentan y que desde ahora busca ganar en la mesa lo que quizá se le está complicando obtener en las urnas.
Por lo pronto, los candidatos y las candidatas que participan en los comicios de Tlaxcala deberán ajustar su actuar a la ley y evitarse problemas con las autoridades electorales, pues está claro que hoy si se está aplicando la norma estrictamente.
La fiscalización será un fuerte dolor de cabeza para todos los candidatos y las candidatas.
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