Cada legislatura que pasa establece sus criterios legales y contables para llevar a cabo la revisión y en su momento la aprobación de las cuentas públicas, lo que siempre les da el pretexto a los diputados locales, previa negociación o acuerdo económico, para alterar o cambiar el sentido técnico de los informes que reciben del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del Estado.
Y por lo que se puede observar, este próximo proceso que abarcará la supervisión de los estados financieros del 2019 de los 107 entes fiscalizables no será la excepción, porque con los lineamientos que avalaron los legisladores la semana pasada la discrecionalidad y las negociaciones serán los factores que dominen en la aprobación o no de las cuentas públicas.
Si el informe del OFS detalla observaciones de presuntos malos manejos o refiere un presunto daño patrimonial en las finanzas de un ente fiscalizable, es muy probable que éstas sean “solventadas” o “perdonadas” dependiendo del monto, pero sobre todo se verá si son determinantes para lograr o no los 70 de 100 puntos que se requieren para recibir el visto bueno que los diputados tlaxcaltecas.
En pocas palabras, el informe técnico del Órgano de Fiscalización Superior puede detallar desvíos de recursos públicos que en teoría deberían ser suficientes para reprobar la cuenta pública del ente responsable, pero como los legisladores locales tomarán en cuenta otros elementos en la “sesuda revisión” que efectúen se podría llegar a la conclusión que esos estados financieros si serán avalados, lo que prácticamente dejará sin efecto el trabajo de revisión que realizan los auditores.
La responsabilidad de que el trabajo de revisión y aprobación de las cuentas públicas del 2019 salga bien y sin señalamientos de presuntos arreglos entre los encargados de los entes fiscalizables y los legisladores es el morenista Miguel Piedras Díaz, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso de Estado.
De acuerdo con el informe del OFS, por el momento siguen vigentes 2 mil 324 observaciones como probables generadoras de daño patrimonial en contra de autoridades municipales, estatales y organismos autónomos.
El monto de esas observaciones aún no ha sido revelado, pero seguramente será millonario. Esas inconsistencias detectadas por los auditores se refieren a gastos pagados sin documentación comprobatoria; pago de gastos improcedentes; gastos en exceso; pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción.
También porque se utilizaron recursos públicos para fines distintos a los autorizados; recursos públicos faltantes; la ausencia de bienes muebles; volúmenes de obra pagados no ejecutados y conceptos de obra pagados y no realizados.
Si un ente fiscalizable es observado por el OFS con un probable daño patrimonial, los legisladores locales están listo para darle todas facilidades a fin de que brinque el problema, pues si el monto cuestionado no supera el 2 por ciento del gasto total podrá recibir 30 puntos, pero si la cifra de los presuntos malos manejos es menor al 5 por ciento, entonces se hará acreedor a 20 puntos.
Sólo obtendría 10 puntos si los fondos “desviados” rebasan el 5 por ciento.
Pronto iniciará la danza de las negociaciones y de los acuerdos en lo oscurito. El calendario autorizado establece que el 26 de noviembre la Comisión de Finanzas y Fiscalización abrirá los paquetes de informes de resultados de los entes fiscalizables; un día después se recibirán las solicitudes de audiencia y, del uno al cuatro de diciembre, se llevarán a cabo las reuniones con los legisladores integrantes de la mencionada comisión.
De nada sirve que el OFS entregue informes con observaciones de presuntos desvíos y daños patrimoniales a los entes fiscalizables, si los diputados locales y las demás instancias encargadas de castigar la corrupción y la mala conducta de los servidores públicos no hacen su trabajo.
Del 2016 a la fecha el OFS ha presentado 87 denuncias penales por actos y omisiones que atentan contra la hacienda pública o los bienes y patrimonio público, sin embargo ni la Procuraduría General de Justicia del Estado (51 denuncias) ni la Fiscalía General de la República (34 expedientes y dos ante la extinta Procuraduría General de la República) han podido integrar un solo caso que haya permitido hasta ahora llevar ante la justicia a un ex alcalde o servidor público por esas anomalías financieras.
El combate a la corrupción en Tlaxcala es una falacia y los diputados locales lo saben.
