Ante la austeridad y escasez de recursos públicos que se tiene prevista para el siguiente año, la administración menista habría sugerido a los legisladores la opción de estudiar la cancelación del Fondo de Resarcimiento a las Finanzas Municipales, lo cual sólo se podría concretar si los alcaldes tlaxcaltecas dejan de apoyar esa fuente de financiamiento que en los últimos dos años les ha implicado obras y acciones por cerca de mil millones de pesos.
Se dice que uno de los argumentos del poder Ejecutivo para respaldar su solicitud es que el presupuesto del estado será limitado y también el tiempo para ejecutar los recursos, pues las obras se tendrían que concretar a más tardar en julio, porque al siguiente mes concluirán sus períodos de gobierno.
La actual legislatura es la única que ha logrado disponer de una suma importante de recursos públicos, mismos que han sido etiquetados por los diputados a los ayuntamientos. En el 2019 los legisladores dispusieron de más de 500 millones de pesos y en el presente año manejaron alrededor de 490 millones de pesos.
Esos recursos los lograron al realizar recortes y ajustes al presupuesto de egresos que el gobierno menista ha enviado al Congreso del Estado. Para el 2021 los diputados locales se alistan para revisar con lupa el paquete financiero y específicamente gastos sobre los que existen enormes dudas porque no hay claridad ni transparencia.
Por mencionar algunos casos que ya son documentados por los legisladores, está el de los fondos autorizados para el programa “Supérate” que creó la actual administración estatal para combatir la pobreza extrema. En los dos últimos años se aprobaron más de 700 millones de pesos, sin embargo, hasta el momento no se ha visto ningún resultado concreto y tampoco un informe detallado que indique en qué y cómo se invirtieron esos fondos.
Otro asunto tiene que ver con los recursos autorizados para tratar a los enfermos renales de la entidad. Son 100 millones de pesos que la Secretaría de Salud a cargo de René Lima Morales ha recibido en los dos últimos años sin que se sepa su destino o cuál fue su uso y resultados.
También está la compra de nuevas camionetas para funcionarios de primer nivel que dejaron de usar las lujosas Honda CR-V para estrenar Nissan X-Trail. No se sabe cuánto costaron y si estas unidades se adquirieron a través de una licitación o una invitación directa a ciertos proveedores.
Un caso más es el del aumento que se autorizó a los elementos de la policía estatal, pues según el presupuesto de este año éste se debió hacer efectivo desde enero, pero por razones que no han sido aclaradas se concretó y se empezó a dar a los uniformados a partir de abril.
Las dudas también existen en el presupuesto que se autorizó para el programa de techos y pisos firmes, así como en los recursos etiquetados para el mantenimiento y construcción de nuevos espacios educativos.
Las negociaciones en torno al presupuesto no serán fáciles y no dude que la cordialidad que ha prevalecido en los últimos meses se pierda entre el gobernador Mena y los diputados locales, pues al ser un año electoral todos se cuidarán y evitarán que tanto el primero como los segundos utilicen recursos públicos con fines políticos partidistas.
Al final puede prevalecer las negociaciones y dejar los fondos que a cada uno de esos actores políticos le interesa disponer y manejar, porque en un hecho que buscan cerrar bien sus periodos y presumir que a pesar de todo si hicieron algo por el desarrollo de Tlaxcala.