Sólo con revisar algunos proyectos de presupuesto del 2021 se podrá comprobar lo anterior, como el del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que ronda los 250 millones de pesos o el del Tribunal Superior de Justicia del Estado que supera los 450 millones de pesos o el del Poder Legislativo que se ubica en los 347 millones de pesos.
El gasto que pretende el ITE en el siguiente año por organizar los comicios locales es excesivo y por esa razón quizá no pasó desapercibida la reunión que ayer por la mañana en un conocido restaurante de la capital tlaxcalteca sostuvieron la sumisa consejera presidenta del organismo Elizabeth Piedras Martínez con el operador político y financiero del menismo, Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno, quienes suponemos hablaron de los gastos onerosos que proyectó el instituto y no de cómo ensuciar las elecciones.
De acuerdo con una primera revisión que se ha hecho a los presupuestos que se pretender ejercer en el siguiente año, todos los entes fiscalizables consideraron aumentos como si las actuales condiciones económicas del país y de Tlaxcala fueran las que se tenían antes de la pandemia de Covid-19.
Nadie hizo ajustes a la baja ni aplicó una política de austeridad, lo cual seguramente influirá para que sus solicitudes presupuestarias sean rechazadas o modificadas en una primera instancia por la Secretaría de Planeación y Finanzas, porque sencillamente no habrá capacidad financiera para atender esas demandas de recursos.
La actitud voraz de los Poderes, organismos autónomos y de los ayuntamientos ha caído muy mal a la administración del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, la cual no se explica cómo algunos entes fiscalizables se quejan en estos momentos de la escasez de recursos cuando por la pandemia debieron tener ahorros del 30 por ciento, pues la mayoría dejó de laborar por varios meses como una consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.
Si se dejó de laborar, es obvio que disminuyeron los gastos en gasolina, energía eléctrica, en papelería y en otras actividades que no se realizaron como las tradicionales ferias en los municipios, de ahí que la queja de ciertos ayuntamientos y organismos autónomos de que enfrentan problemas económicos para cerrar el ejercicio fiscal resulta absurda e incomprensible.
No lo cuente pero dicen que las revisiones financieras a los gastos de todos los poderes, ayuntamientos y organismos autónomos por parte del Órgano de Fiscalización Superior serán estrictas y éstas podrán especial atención a verificar la correcta aplicación de los recursos públicos durante la pandemia, ya que la intención es observar cualquier desvío o gasto indebido que no esté debidamente justificado, porque la instrucción es detectar los movimientos financieros que se hicieron bajo el pretexto del Covid-19 pero que en realidad esconden robables actos de corrupción.
También, déjeme adelantarle que un grupo de presidentes municipales se está organizando para hacer una petición formal a María Alejandra Nande Islas, responsable de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que les reintegre el monto del impuesto sobre nómina que declaran y pagan, tal y como sucedió en los dos primeros años del gobierno de Marco Antonio Mena, toda vez que van dos ejercicios fiscales que no cuentan con esos recursos que, según ellos, les ayuda a enfrentar diferentes compromisos.
El monto total de esas retenciones no se conoce con precisión, pero en algunos casos la cantidad del presunto adeudo que tiene la administración estatal con un solo ayuntamiento se calcula en por lo menos 600 mil pesos que incluiría el 2019 y lo que va del 2020.
Ese espinoso asunto no tarda en llegar al escritorio del gobernador Mena.