Un procedimiento legislativo que a simple vista no resultaba nada complicado porque Morena y sus aliados el PT y el PES que son mayoría en el Congreso del Estado podrían haberse quedado con la posición que implica nombrar al representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, se ha enredado y los diputados locales se encuentran más divididos que nunca al grado que no saben cómo concluirá esa designación y menos quién será el beneficiado o beneficiada.
De la enorme lista de 23 aspirantes a ocupar el mencionado cargo, hasta ahora ninguno ha logrado el consenso y mucho menos los 17 votos que se requieren para ser nombrado por el Congreso del Estado, aunque hay que mencionar que algunos siguen siendo impulsados pese a no tener buenos antecedentes.
Al interior del Poder Legislativo no existe un criterio o un argumento definido para llevar a cabo la designación de ese funcionario, pues si bien se hablaba de la posibilidad de favorecer a un varón, ayer hubo diputadas y diputados que apelaron a la cuestión de equidad de género y se empezó a manejar la versión que la futura representante del Congreso del Estado el Consejo de la Judicatura sería mujer, ya que el actual es hombre y responde al nombre de Álvaro García Moreno.
Se dice que Erick Hernández Xicohténcatl, ex funcionario municipal de la administración panista de Adolfo Escobar Jardínez, Carlos Eduardo Jiménez Casco, pariente del magistrado Mario de Jesús Jiménez Martínez y del ex magistrado Justino Hernández Hernández, así como Claudia Acosta Vieyra, ex consejera electoral son algunos de los aspirantes que tiene más posibilidades de ser designados.
Sin embargo, hasta anoche no había nada definido y tampoco se tenía claro quiénes conformarían la terna de aspirantes que será presentada al pleno para que los diputados voten y designen a su futuro representante.
Morena, el PT y el PES no terminan por entender que tienen la mayoría en el Congreso del Estado y que podrían ejercerla para impulsar su propuesta, pero como están divididos y confrontados permiten que la chiquillada integrada por el PAN, PRD, PRI y otros diputados de diferentes partidos presionen y entre al juego del reparto de posiciones, lo que al final complica la toma de decisiones.
El proceso de aprendizaje de los actuales diputados locales pareciera que nunca terminará porque conforme pasan las semanas se observa que su actuar es errado y que sus decisiones son improvisadas.
Ojalá alguien ilumine a los legisladores para que asuman la decisión correcta, porque las últimas han dejado mucho que desear.
El conflicto que viene
La publicación de las reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes donde se legaliza la operación de las plataformas digitales de transporte ofrecido por particulares amenaza con convertirse en un conflicto que pondrá a prueba al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez que deberá ejercer su autoridad para evitar que los transportistas tlaxcaltecas generen caos e inestabilidad una vez que se publiquen esas modificaciones legales y entren en vigor.
Los concesionarios de unidades del servicio público de pasajeros que fueron engañados por los diputados locales que al final si autorizaron la operación en Tlaxcala de empresas como Pronto y Uber, ahora encaminan su malestar y presión contra el gobierno del estado para que éste evite la publicación de esas reformas, para lo cual amagaron con cerrar las principales carreteras de la entidad y proceder a detener a las unidades que ofrezcan sus servicios a través de aplicaciones de internet.
Si los transportistas lanzaron esas amenazas es porque están dispuestos a recurrir a la presión para lograr su objetivo, sobre todo porque en los encuentros que han tenido con el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, ya comprobaron que se trata de un funcionario blandengue que le falta carácter y tamaños para imponerse.
El gobernador Mena ya declaró que publicará las reformas, por lo que seguramente ya tiene medidos a los transportistas y la forma que empleará para disolver en el menor tiempo posible su inconformidad.
En los próximos días veremos si el gobierno del estado se preparó bien para enfrentar el malestar de los transportistas o si éstos se ponen rudos y son capaces de presionar a las autoridades.
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