Aplaudo que los legisladores federales y locales se hayan quitado por un momento la venda de los ojos y vieran el problema de la inseguridad no sólo del país, sino de la entidad, porque realmente se requiere de algo concreto para exigir resultados al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y a los alcaldes que hacen lo que pueden con recursos y personal limitado.

Ante el silencio cómplice que han guardado por meses, los legisladores federales como la panista Adriana Dávila Fernández decidió sumarse al linchamiento mediático que se promueve en contra de la administración federal que encabeza López Obrador, la cual hay que decirlo que, en el poco tiempo que lleva, no ha dado resultados ni tampoco cuenta con una estrategia efectiva para contener la ola delictiva, los feminicidios y hechos violentos despiadados como el que se llevó a cabo contra la menor Fátima que indignó y conmovió al país.

Ese clima de confrontación ayer se hizo presente en la tribuna del Congreso del Estado, donde los diputados locales del PAN, PT y Morena se esmeraron en dar una clase de historia para dejar en claro quién era el responsable del clima de inseguridad y violencia que enfrenta México en estos momentos.

Tienen razón cuando uno culpó de esa situación a la administración panista del presidente Felipe Calderón Hinojosa y otro más que recordó el fracaso del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto y que hoy replica la gestión del morenista Andrés Manuel López Obrador que, según ese diputado, no sólo ha mostrado ineptitud, sino que pareciera que respalda la impunidad.

Pero esas voces críticas y exigentes porque no se oyen en otros casos o en problemas específicos que tiene Tlaxcala en materia de inseguridad o porque no se escuchan esas quejas para pedir resultados al mandatario estatal Marco Mena y porque tampoco salen para demandar el fin de la impunidad que prevalece en la ineficiente, obscura y convenenciera Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ojalá los panistas que están entendiblemente indignados por los feminicidios y el macabro asesinato de la menor Fátima, también hubieran mostrado la misma molestia cuando la tlaxcalteca Karla Romero Tezmol de tan sólo 12 años de edad desapareció durante el trayecto de su casa ubicada en San Pablo del Monte, Tlaxcala, a su escuela.

La omisión de la PGJE en el caso fue evidente al comprobarse que la Alerta Amber a nivel nacional se activó 22 días después de la desaparición de la niña tlaxcalteca, pues se dio aviso a la coordinación hasta el 4 de febrero de 2016.

La Procuraduría de Tlaxcala “indebida y tardíamente” emitió una “Pre-Alerta Amber” tres días después de la denuncia de los padres que se hizo el 13 de enero del 2016. Lo más grave es que esa dependencia perdió videos que se tenían sobre el presunto rapto de esa niña.

El caso de Karla Romero está en el olvido y ningún diputado federal o local o un funcionario estatal ha mostrado interés.

Respecto a la inseguridad que existe en el país y que también se refleja en Tlaxcala, valdría la pena preguntar qué postura han asumido los legisladores o qué han hecho para exigir resultados a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Al final del gobierno del hacendado Mariano González Zarur ya se percibía un incremento en los delitos que se registraban en el estado, por lo que al llegar al poder Marco Antonio Mena Rodríguez fue evidente que no se hizo nada para contener ese problema y la ola de robos, secuestros, asesinatos y violencia escaló posiciones.

Hasta ahora nadie ha exigido resultados al mandatario tlaxcalteca que prometió incrementar en 50 por ciento el número de policías estatales. Sólo ha comprobado patrullas y adquirido más cámara de vigilancia y equipo, pero nadie sabe cuál ha sido el beneficio de esa enorme inversión porque simplemente no se ven por ningún lado la utilidad.

Marco Mena realiza una gira internacional para concretar inversiones extranjeras en Tlaxcala y como se podrá dar cuenta ningún diputado tiene los tamaños para lanzar un señalamiento al mandatario que así como muestra interés y preocupación por seguir generando empleos y promoviendo el crecimiento económico de la entidad, también debería dedicarle tiempo al problema de la seguridad y procurar que la coordinación que tanto se presume con el gobierno federal se traduzca en hechos y no sólo palabras.

No cabe duda que a la clase política le encanta el reflector mediático y que sabe aprovechar muy bien los escándalos para llamar la atención.