La coordinación que tanto presume el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez con la administración federal y las autoridades municipales es un fracaso en Tlaxcala, porque la inseguridad y hechos violentos no paran y no pasa una semana sin que se reporten personas asesinadas con arma de fuego, dejando en evidencia que la Procuraduría General de Justicia en el Estado en manos del ineficaz José Antonio Aquiahuatl Sánchez no puede llevar ante la justicia a los responsables de esos crímenes.
La violencia sigue escalando y tras el asesinato de una persona por un problema vial en el municipio de Apizaco el pasado domingo, ayer en Calpulalpan se registró otro hecho sangriento que dejó un hombre muerto y un menor de edad herido.
En el primer caso y gracias a la intervención de la policía de la ciudad rielera se logró detener al responsable de la agresión, aunque unas horas después la ineficiente PGJE optó por presumir que investigaría a toda una familia apizaquense por el homicidio doloso tratando a sus integrantes como viles criminales, para salir después que tres miembros quedarían libres al no tener responsabilidad en los hechos y que sólo uno quedaría detenido para enfrentar la ley.
En el segundo caso, como suele ocurrir en la mayoría de los homicidios dolosos perpetrados en la entidad, no hubo detenidos y sólo se informó que las autoridades abrirían la carpeta de investigación para tratar de dar con los responsables.
La insensible actuación de los agentes investigadores y del ministerio público demuestra que la Procuraduría General de Justicia en el Estado es la peor dependencia de la actual administración estatal, porque se ensaña con los inocentes y simplemente no actúa ni atrapa a los responsables de los homicidios dolosos y otros hechos violentos y criminales que se registran en el territorio tlaxcalteca.
Tlaxcala que según las autoridades es uno de los estados más seguros del país, en realidad es una entidad que está reprobada en la aplicación del Estado de Derecho a nivel nacional.
El “académico” procurador que es muy dado a cuestionar los señalamientos en su contra ha optado por callarse la bocota ante los datos del World Justice Project (WJP) que armó su estudio a partir de los resultados e impactos de políticas públicas. Por ejemplo, si las personas tienen acceso a tribunales, o si la delincuencia se controla de manera efectiva, y qué tanto se respeta la ley.
De acuerdo con Alejandro Ponce, jefe de investigación de WJP, los resultados muestran un preocupante detrimento en las condiciones de seguridad en la mayoría de los estados del país.
WJP es una organización internacional independiente que revisa el desarrollo del Estado de Derecho a través de la rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto, y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.
Tlaxcala obtuvo 0.37 puntos, quedando en el lugar número 25 de las 32 entidades de México.
Aunque al gobierno de Mena le duela reconocer, la verdad es que su administración es un fracaso en materia de seguridad y lo mejor que podría hacer es que la coordinación con el gobierno federal que tanto presume se refleje en algún resultado o acción positiva, porque esa cantaleta ya parece burla a los tlaxcaltecas que cada día se sienten más inseguros.
Qué bonita familia parte dos
En cuestión de horas quedó demostrado que Fernando Bernal Salazar, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado mantendrá el mismo comportamiento de los últimos representantes del Poder Judicial de Tlaxcala como Mario de Jesús Jiménez, Héctor Maldonado Bonilla, Elsa Cordero Martínez, Tito Cervantes Zepeda y Justino Hernández Hernández, quienes no sólo han solapado el nepotismo, el reparto de cuotas, el amiguismo y la asignación de bonos, sino que permiten que ciertas familias se incrusten y sangren a los tlaxcaltecas.
Ayer le comentaba que Luis Hernández López dejó de ser Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y que con la complicidad de Bernal Salazar heredó su puesto a su carnal a Carlos Hernández López.
Resulta que el primero logró meter a la nómina del Poder Judicial a su esposa que se desempeña como Subdirectora en la Unidad de Género y el segundo hizo que su pareja sentimental de nombre Angélica María Estrada tuviera la plaza primero como diligenciaría y ahora ya ostenta una de proyectista en un juzgado.
Pero además no son las únicas posiciones que tiene esa poderosa e influyente familia, pues se habla que también hay cuñados, sobrinos y otros familiares, así como amigas trabajando en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Le cuento que el primer round para renovar a los integrantes del Consejo de la Judicatura lo ganó el magistrado presidente Fernando Bernal que impidió que los magistrados Mario de Jesús Jiménez y Rebeca Xicohténcatl Corona terminarán imponiendo al representante de los jueces ante ese órgano.
La nueva representante de los jueces es Dora María García Espejel que fue propuesta y cuota del magistrado Felipe Nava Lemus. Ella ocupará el lugar que dejará la jueza Leticia Caballero Muñoz.
La gris magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas que en pocos meses abandonó el marianismo para ver exclusivamente por sus intereses es la que anda promoviendo a Luis Hernández. Ella y otros integrantes del pleno quieren que ese abogado sea designado como el nuevo representante del Poder Ejecutivo ante el mencionado consejo, lo cual de confirmarse comprobará que la familia Hernández López es poderosa y hasta capaz de someter al mismísimo gobernador Marco Mena.
La verdad es que nadie contaba con la astucia de esa familia.