El proceso de dictaminación de las cuentas públicas del 2018 por parte del Congreso del Estado seguramente alentará algunos cambios de titulares de ciertas dependencias estatales y de tesoreros en los ayuntamientos tlaxcaltecas, porque es obvio que defraudaron la confianza de sus jefes al no entregar buenos resultados durante la fiscalización a la fueron sometidos y que para su desgracia arrojó serias anomalías financieras.
La que encabeza la lista de funcionarios estatales que podrían dejar sus cargos es Anahí Gutiérrez Hernández, titular del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife), quien ha tenido una desastrosa administración al ser reprobada su cuenta pública del 2018 con observaciones que superan los 100 millones de pesos.
Hubo funcionarios estatales que se confundieron y pensaron que sólo por el simple hecho de ser subordinados del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez sus estados financieros del año pasado no tendrían observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior o que éste ente fiscalizador daría las facilidades necesarias para solventar las inconsistencias administrativas y financieras, sin embargo se equivocaron porque el mandatario se ha mostrado al extremo respetuoso de ese proceso y no ha pedido un trato especial para nadie.
Por esa razón cuentas públicas como la de la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior (Cossies) a cargo de María del Coral Cuatepotzo Quiñones, del Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala (IDET) en manos de Alfredo Lemus Saldaña y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que preside Víctor Manuel Cid del Prado Pineda tuvieron que apechugar la reprobación de sus estados financieros por parte de los diputados locales.
Y aunque la mayoría de las dependencias estatales, instituciones educativas y organismos públicos descentralizados han logrado un dictamen positivo correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado, se dice que los marianistas no han dejado de recolectar la información que documenta los negocios y anomalías que existen en la administración de Marco Mena y que llegado el momento expondrán.
Trascendió que uno de los responsables de recibir y armar los expedientes de esas inconsistencias es Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, contralor interno de la Secretaría de Salud de Tlaxcala y amigo incondicional de Marianito González Aguirre, quien a estas alturas tendría a detalle no sólo los nombres de las empresas constructoras favorecidas con obras, sino las comercializadoras que se han utilizado para llevar a cabo negocios que siempre giran en torno a un familiar cercano del actual gobernador.
Entre los presidentes municipales que han enfrentado la reprobación de sus respectivas cuentas públicas existe una aparente calma y tranquilidad, pues según ellos no existen problemas y las observaciones que se presumen daños patrimoniales a sus ayuntamientos pronto quedarán solventadas una vez que el Órgano de Fiscalización Superior acepte revisar la documentación pendiente.
Aunque quizá los alcaldes tengan razón, lo cierto es que algunos enfrentarán procesos resarcitorios y hasta penales en caso de no poder justificar de inmediato la aplicación de ciertas cantidades millonarias del presupuesto.
Los ajustes de funcionarios estatales no se descartan y éstos podrían concretarse a finales de este mes o en septiembre.
Donde también se darán cambios será en el Congreso del Estado, ya que las presidencias de algunos órganos de gobierno se renovarán, así como también se tiene considerado reemplazar a uno que otro funcionario que forma parte de la actual estructura directiva de ese poder.
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