Algo raro pasa al interior de la actual administración estatal que por una extraña razón hoy mantiene una actitud sistemática de posponer la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), como si la intención fuera evitar que ese andamiaje se establezca en Tlaxcala para que nadie tenga la posibilidad de solicitar su intervención en algunas áreas del gobierno donde cada vez hay más evidencias de corrupción.
Si bien el gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez no era ligado a actos de corrupción, esa percepción se ha venido modificando en el imaginario colectivo con el paso de los meses, debido a la poca o nula transparencia que existe en algunas actividades gubernamentales como la contratación y asignación de obra pública, así como en las compras de diferentes insumos que se realizan y que al parecer las empresas beneficiadas estarían ligadas a familiares de funcionarios.
Quizá por esa razón se ha retrasado sistemáticamente la designación del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, pues básicamente es el que se encarga de la operación de esa instancia que tendrá bajo su responsabilidad castigar y combatir los actos delictivos relacionados con ese terrible mal.
Hasta ahora nadie sabe cuáles son los mecanismos que permitirán desarrollar principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en Tlaxcala.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado es un ente inservible que hoy en día representa un costal sin fondo para las finanzas públicas, porque sus cinco integrantes Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Romano, Isabel Romano Hernández, Rúmel Hernández Avendaño y Érika Montiel Pérez cobran un sueldo desde agosto del año pasado sin trabajar.
Nadie sabe dónde se ubican las oficinas de ese comité ni se tiene conocimiento de registro de las actividades que llevan a cabo sus integrantes con las cuales justifiquen sus salarios.
En noviembre pasado quedó instalado el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y desde entonces no se sabe nada de su labor, es como si a sus integrantes les importara un cacahuate el combate a la corrupción.
Sólo basta ver quienes lo conforman para entender esa actitud.
Héctor Maldonado Bonilla, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado; Mayra Vázquez Velázquez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y María Maricela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecutivo.
También se encuentra María Isabel Pérez González, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; Pedro Sánchez Ortega, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Marlene Alonso Meneses, Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.
En Tlaxcala estamos muy lejos de tener un funcional y avanzado Sistema Estatal Anticorrupción.
El retraso u omisión deliberada para que ese sistema funcione es una pésima señal, porque es obvio que algo podrido se esconde al interior de la actual administración estatal que está empeñada en obstaculizar las acciones y procedimientos para combatir la corrupción gubernamental que existe aunque se niegue de manera repetitiva.
Cómo creer que el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala es una instancia seria cuando es incapaz de cumplir con la ley.
El Segundo Artículo Transitorio de la Ley del SEA establece que la Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones a más tardar a los sesenta días siguientes a la sesión de instalación del Comité Coordinador -16 de noviembre del 2018-, es decir, ese nombramiento se debió tener hace dos semanas y es la fecha que se desconoce cuándo será designado ese funcionario clave para la operación de ese andamiaje.
Ante tal panorama estamos jodidos. O no.