La tensa calma que se percibe en por lo menos una veintena de ayuntamientos pronto estaría en condiciones de desvanecerse y convertirse en una serie de conflictos que golpearán las estabilidad política y social de los municipios y del estado. A dos años de estar en funciones, los alcaldes ya comprobaron que cada año es más difícil cumplir con los compromisos financieros ante la escasez de recursos que registran sus arcas.
El ayuntamiento de Apizaco no fue el único que enfrentó problemas financieros para cubrir el pago total de las prestaciones de fin de año a los trabajadores, pues hubo otros que también pospusieron para estas fechas el cumplimiento de esas obligaciones luego que los recursos programados no alcanzaron , debido a que sus administraciones tuvieron que absorber aumentos no previstos en ciertos insumos, así como destinar partidas para pagar los adeudos que heredaron y reparar vehículos, muebles e inmuebles que los ex alcaldes dejaron inservibles a finales del 2016.
Es una realidad que los 60 ayuntamientos del estado han dejado de recibir apoyos económicos del gobierno del estado y cada vez se ven obligados a mejorar su recaudación para tratar de mantener a flote sus administraciones.
Ante tal panorama económico, los alcaldes tlaxcaltecas estarían obligados a iniciar un proceso de recorte de personal y aplicar ciertas medidas de austeridad para evitar conflictos con su personal y con los ciudadanos que en algunos municipios están cansados por la falta de obra y la desbordante inseguridad, pero sobre todo porque si quieren evitar problemas deberán planear el cierre de sus gobiernos que desde ahora están sometidos a un rigurosa supervisión y vigilancia por parte del Órgano de Fiscalización Superior que en el 2017 encontró quebrantos millonarios que fueron solapados por los ex diputados y que se desconoce si ya fueron solventados.
La estabilidad que prevalece en los cabildos de los ayuntamientos está en riesgo, pues si bien hay varios municipios donde los regidores y síndicos están en contra de los ediles por el dudoso manejo financiero que realizan, pronto se complicará más esa situación cuando se confirme que a partir de este año los presidentes de comunidad podrán ejercer su derecho al voto que recientemente le devolvieron los diputados locales, debido a que muchos llegarán a vengarse después de ser maltratados por dos años.
El 2019 seguramente será un año donde se multiplicarán los conflictos municipales que terminarán convirtiéndose en un dolor de cabeza para las autoridades estatales.
El fantasma de los moches ronda Tlaxcala
Quien será el diputado o diputada que podrá explicar los criterios que se utilizaron para repartir los recursos del Fondo de Fortalecimiento de Obras y Acciones aprobado la madrugada del 29 de diciembre, como parte del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019.
Los legisladores realizaron recortes a otras partidas y generaron una bolsa de 250 millones de pesos. Esos recursos fueron etiquetados al parecer de manera discrecional porque nadie sabe que lineamientos se siguieron para asignar esos fondos a los ayuntamientos, ya que por ningún lado se ve un criterio de equidad o una medida establecida en una política pública para combatir la pobreza.
Al parecer los diputados de Morena, el PT y el PES junto con los del PRD se vieron tan buena onda que decidieron beneficiar a administraciones panistas con montos importantes como fue el caso de San Pablo de Monte y Apizaco con más de 26 y 21 millones de pesos cada una, castigando a Acuamanala, San Lucas Tecopilco , Atlangatepec, Xiloxoxtla , Coaxomulco, Españita, Mazatecochco, San José Teacalco, Quilehtla, Tocatlán y Tzompantepec que no recibieron ningún peso, como si en esas poblaciones no hubiera necesidades o rezagos en infraestructura que se deben atender.
El ayuntamiento capitalino de Tlaxcala logró un ridículo monto de 4.7 millones de pesos, cuando sus necesidades de obras y de infraestructura son mayores a las de Tlaxco que manejará 11.6 millones de pesos o de Ixtacuixtla que dispondrá de 8.2 millones de pesos.
Dicen que tales inconsistencias están relacionadas a la política de “los moches” que se instauró y se puso de moda en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuando los legisladores solicitaban un estímulo o se encargaban de ejecutar la obra etiquetada para así obtener una utilidad ilegal ajena a su actividad como representante popular.
Entre los alcaldes que no recibieron ningún peso hay uno que asegura que fue castigado porque simplemente no aceptó “mocharse” con el diputado local que le ofreció asignarle un recurso.
Ojalá que lo anterior sólo sea un rumor y no se compruebe, porque si resulta real la credibilidad de los diputados que aprobaron ese fondo se iría al cagadero.
Por lo pronto urge que los diputados expliquen cuál fue el criterio que usaron para asignar los recursos, pues la opacidad que existió en ese proceso empieza a generar muchas dudas.