El gobierno del estado debe impedir que siga creciendo la escalada de inseguridad si desea mantener la gobernabilidad, pues para la mala fortuna de las autoridades la tranquilidad en los municipios está desapareciendo por diferentes hechos delictivos que están provocando la molestia de los habitantes que exigen resultados a sus alcaldes, a la policía estatal y a la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE).
Los últimos acontecimientos violentos registrados en la entidad deberían representar una seria preocupación para el gobierno estatal, porque los robos armados que han terminado en homicidios de dos jóvenes han indignado a los tlaxcaltecas que están a un paso de organizarse y empezar un movimiento para demandar justicia y sobre todo un cambio en las estrategias para combatir y detener a los delincuentes.
El crimen organizado que opera en Tlaxcala y que las autoridades se niegan a reconocer, está empeñado en mostrar su fuerza y cada que puede envía un reto al gobierno que lejos de actuar con contundencia se muestra permisivo e inoperante ante esas bandas.
Se dice que el pasado 1 de octubre los delincuentes que se mueven en la entidad dejaron un mensaje a las autoridades cuando procedieron a levantar al policía municipal de Yauhquemehcan Ricardo N. en el momento en que custodiaba el Hotel Pegaso y un campo de gotcha, lugar donde semanas atrás se había ejecutado a un ex policía federal y a su ayudante.
Los criminales se llevaron al uniformado y el hecho derivó en una intensa movilización para dar con el paradero del policía y su patrulla. El primero fue localizado amarrado y con señales de haber sido golpeado por los alrededores de Ciudad Judicial, mientras que la unidad oficial fue ubicada en un camino de terracería del municipio de San Cosme Xaloztoc.
Como suele suceder con todos los casos de alto impacto, la Procuraduría General de Justicia en el Estado que controla el lenguaraz José Antonio Aquiahuatl Sánchez se limitó a dar a conocer el hecho, pero se reservó la información sobre las presuntas amenazas que recibió el oficial y que también se hicieron extensivas a toda la policía municipal y estatal.
Por esa razón, no resulta extraño lo que sucedió en el municipio de El Carmen Tequexquitla durante el fin de semana cuando varios delincuentes enfrentaron a elementos de la policía estatal en los momentos en que intentaban robar un tráiler. El saldo lamentable de ese suceso fue un uniformado muerto tras recibir varios impactos de bala.
El sábado por la noche también se registró el asesinato de un joven en el municipio de Mazatecochco. El homicidio según la versión de los familiares se cometió para concretar un robo, pues los delincuentes dispararon sus armas para despojar de dinero y algunas otras pertenencias al vecino de esa población que era hijo de un empresario textilero.
La muerte de ese joven se suma a la reportada hace unos días en el municipio de Apizaco, cuando un comerciante fue ultimado para arrebatarle 50 mil pesos que minutos antes había retirado de una institución bancaria. Pese a que su ejecutor está plenamente identificado, los agentes de la PGJE no lo han podido o no han querido detenerlo.
La estrategia en materia de seguridad que ahora implementa Eduardo Valiente Hernández no ha dado resultados. El trabajo del procurador José Antonio Aquiahuatl es deficiente y malo, pues si comparamos la lista de homicidios y robos violentos contra la lista de detenidos y personas sujetas a un proceso por esos hechos delictivos comprobaremos que el nivel de eficiencia es mínimo.
Ambos funcionarios deben entender que su deficiente labor ya está afectando la gobernabilidad del estado, lo cual resulta preocupante porque el malestar de los tlaxcaltecas que ahora se centra hacia los presidentes municipales que están totalmente rebasados en materia de seguridad, pronto podría trasladarse hacia el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez.
Sería un grave error ignorar el enojo de los ciudadanos, sobre todo porque a la actual administración y a los alcaldes aún les quedan 34 meses en el poder.