Sin importarles el desprestigio y la mala fama que ya cargan, los diputados locales se alistan a cerrar su periodo, para lo cual llevarán a cabo otra sesión para designar a los magistrados carnales del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala donde se incrustarán dos recomendados que velarán por todo, menos por castigar la corrupción que pulula entre funcionarios estatales y municipales.

Congreso 23

A la falleciente legislatura local le quedan pocos días de vida, pero lo anterior no ha sido un factor que afecte el ímpetu de los diputados que buscan “cumplir” con su agenda y presumir la cuestionada aprobación de las cuentas públicas del 2017 y los nombramientos del Sistema Estatal Anticorrupción que en Tlaxcala nace sin credibilidad.

Su mejor estímulo para concluir su labor es repartirse cerca de 16.4 millones de pesos provenientes del fondo de ahorro, la prima vacacional y la parte proporcional del aguinaldo. Lo anterior no incluye el recurso que pudieron obtener por la aprobación de una que otra cuenta pública que estaba reprobada y que por la voluntad de los legisladores fue avalada en el pleno al sufrir una rápido proceso de limpieza, como fue el caso de la Secretaría de Salud de Tlaxcala donde se solventaron en días observaciones millonarias.

También los diputados locales pudieron encontrarse un “sobre” que ayudara a estimular su decisión para concretar ciertos nombramientos, como sucederá este día cuando María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez sean designados, no por méritos o por su trayectoria, como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala.

La primera tuvo la suerte de ser recomendada por el nuevo funcionario consentido de la actual administración y que despacha como secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro. El segundo llegará sólo por gozar de la amistad del influyente Fabricio Mena Rodríguez, hermano del mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.

Para fortuna de los tlaxcaltecas, de los 25 legisladores que dejarán sus cargos, sólo el priísta Arnulfo Arévalo Lara es el único que podría incrustarse en el gobierno estatal como funcionario, pues el resto se irá a la banca a esperar otra oportunidad para seguir viviendo del erario.

Mucho se podría decir de los actuales diputados locales, pero quizá el juicio más acertado fue el que dieron los ciudadanos el pasado 1 de julio, cuando mostraron en las urnas su rechazo para que 10 legisladores consiguieran la reelección y otro más fueran abandonado en su intento de convertirse en diputado federal.

En pocos días el PRI dejará de tener el Control del Congreso del Estado, pero no crea que los excesos y las actitudes intolerantes desaparecerán en la próxima legislatura, pues los líderes de Morena encabezados por el ex priísta, ex orticista y hoy defensor de la austeridad y patriarca de la honestidad Joel Molina Ramírez pretende replicar la soberbia tricolor.

Hasta ahora no hay poder que pueda abrir la negociación con Morena, partido que llevó a la presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador que arrasó en las urnas en los pasados comicios, pues bajo el argumento de que ellos fueron el factor principal del triunfo electoral pretenden acaparar las comisiones importantes en el Congreso local y dejar a sus aliados (el PT y el PES) las sobras.

Los ciudadanos votaron por un cambio, pero al parecer Morena pretende seguir los pasos del PRI pero con otro discurso y piel. De mantenerse esas actitudes no dude que la alianza legislativa conformada en Tlaxcala por Morena, el PT y el PES se fracture.

La soberbia es muy mala consejera.

Los morenistas deben entender que son políticos comunes y que no son seres divinos ajenos a probables actos ilegales o de corrupción, porque hasta donde sé son hombres y mujeres de carne y hueso.