Si bien la ruptura entre el ex gobernador Mariano González Zarur y el actual mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez es real y evidente, ésta nunca llegará a la confrontación y a la persecución de marianistas por los abusos y atropellos cometidos durante el sexenio pasado, pese a que existen elementos para aplicarles la ley y enviarlos a la cárcel.
La farsa montada en torno al caso de los ex policías acreditables acusados y detenidos por secuestro exprés en el 2015 durante el gobierno del malhumorado Mariano González Zarur sólo evidenciará la impunidad que existe en Tlaxcala.
Difícilmente las actuales autoridades encontrarán la voluntad y el valor que se requiere para castigar las conductas ilícitas cometidas por ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) que encabezados por Alicia Fragoso Sánchez no sólo torcieron las investigaciones en contra de los ex policías estatales, sino que recurrieron a la tortura para que los uniformados se declararan culpables.
Tales anomalías e inconsistencias fueron acreditadas por los abogados de los presuntos secuestradores desde finales del 2015 y están documentadas en el proceso penal que enfrentaron, por lo que nadie puede decir que no sabía de los abusos cometidos.
Si bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió hace unas semanas la recomendación CEDHT/CVG/0672016 por la que ordena a la Secretaría de Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del Estado reparar los daños a los acusados por haber sufrido tortura, violación a sus derechos humanos y garantías individuales, la realidad es que nadie se preocupó por abrir una investigación en contra de los entonces funcionarios que pisotearon la ley para justificar el circo que montó Alicia Fragoso para perseguir y encarcelar a los ex policías acreditables.
El bisoño político y aprendiz de secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, evidenció que la actual administración encubrió tal abuso durante casi 20 meses, pues ahora resulta que apenas se iniciarán las carpetas de investigación en contra de ex servidores públicos de la PGJE que pudieran estar involucrados en el mencionado caso, confirmando que las denuncias de los ex policías fueron ignoradas y que nunca existió la voluntad de llamar a cuentas a la ex procuradora y a los policías ministeriales que se extralimitaron.
Dudo que este gobierno tenga la intención de meter a la cárcel a Alicia Fragoso y al grupo de secuaces que la acompaño en sus atropellos donde participaba activamente el poblano que se desempeñó como subprocurador Víctor Pérez Dorantes.
Quién le puede creer a Pérez Carro que se aplicará la ley y se hará justicia cuando él sugirió a las mujeres que integran la terna de donde saldrá la futura magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala, misma que incluyó a Noemí Nohpal González, la ministerio público que armó la averiguación previa contra los policías acreditables acusados falsamente de secuestro exprés.
El secretario de Gobierno pronto podría quedar en ridículo cuando con el paso de tiempo se compruebe que Alicia Fragoso y los responsables de la tortura de los ex uniformados nunca pisarán la cárcel, porque una cosa es la ruptura y distanciamiento y otra muy distinta la persecución y la confrontación.
Al final, se espera que los siete ex policías acreditables reciban el pago de gastos médicos y salarios caídos para dar por terminado el caso del que pronto nadie hablará más.
La impunidad seguirá más viva que nunca. O lo duda.
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