Algo tendrá que hacer los futuros diputados locales para garantizar que los actuales procedimientos legislativos garanticen la designación correcta de los mejores nombramientos de funcionarios, pues hoy en día sólo se trata de un trámite más para cumplir con la ley y permitir que se haga efectiva la voluntad de la persona que hoy ostenta el poder en Tlaxcala.
Resulta intrascendente el procedimiento legal para llevar a cabo la designación del procurador de Justicia en el estado, cuando el gobernador envía la terna a los legisladores quienes a su vez montan un teatro para realizar a través de unos sinodales una evaluación que al final termina en una recomendación sobre alguien específico cuyo nombre es plasmado en un dictamen que es sometido a votación en el pleno y sin mayor problema obtiene su nombramiento.
Entonces, el abogado designado rinde protesta ante esa soberanía como nuevo procurador general de Justicia en el estado, para después anunciar la reestructuración de la dependencia y su transformación para adaptarse a los tiempos modernos, lo cual sólo se queda en declaraciones estrambóticas porque en la realidad las cosas siguen igual o peor.
Y que mejor ejemplo para ilustrar lo anterior es que en 20 meses la Procuraduría General de Justicia en el Estado ha tenido tres titulares (Tito Cervantes Zepeda, José Aarón Pérez Carro y el designado ayer José Antonio Aquiahuatl Hernández), quienes pasaron por el ridículo procedimiento antes descrito y prometieron la reestructuración de esa dependencia que es ineficaz, ineficiente y corrupta.
Al nuevo procurador Aquiahuatl Hernández hay que darle el beneficio de la duda y un tiempo para comprobar si realiza la mentada reestructuración o simplemente optó por emular a sus antecesores que fracasaron en su intento por corregir las deficiencias que enfrenta una dependencia que hoy padece la falta de personal, de equipo y recursos económicos para enfrentar a una delincuencia organizada que está desatada en Tlaxcala.
Los diputados locales dóciles y en su actitud de divos ni siquiera cuestionaron que en 20 meses se vaya por el tercer procurador y que ninguno de los dos que estuvieron en el cargo antes que José Antonio Aquiahuatl hubiera aceptado comparecer ante esa soberanía para explicar las razones por las cuales la incidencia delictiva se ha disparado.
Si en un tema tan delicado los legisladores no tuvieron la delicadeza de aparentar interés, menos lo hicieron en el caso de la designación del titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones donde acomodaron al marianista José Marcial Flores Gómez, quien carece de experiencia en el trabajo que deberá desempeñar a partir de este día.
En la pasada administración estatal que encabezó Mariano González Zarur, el hoy nuevo funcionario del ITE se desempeñó como un jefe de Departamento del C4 donde no hizo nada trascendente.
Es evidente que había mejores perfiles para ocupar ese cargo, pero los diputados evitaron las complicaciones y realizaron el nombramiento una vez que recibieron la instrucción de su jefe político.
El desdén de los diputados locales que en 20 días dejarán sus cargos es preocupante, porque seguramente harán los peores nombramientos de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, donde por cierto 21 personas buscan integrarse a ese organismo que tendrá que estar conformado a más tardar el 15 de agosto.
Hasta ahora ningún nombre destaca y tampoco se tienen buenas referencias de alguno de ellos, de ahí que es muy probable que en Tlaxcala se tenga un comité gris y sometido a la influencia del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.
Mientras exista un Congreso del Estado dócil e incapaz de ejercer su independencia, seguiremos viendo el nombramiento de funcionarios a modo que lejos de ver por los intereses de los ciudadanos llegan a defender y velar por los intereses de las personas que facilitaron su designación.
Así no se puede avanzar.
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