Sólo la corrupción podría explicar el raro comportamiento que en los últimos días han tenido los diputados integrantes de la agonizante legislatura, quienes se han erigido en los salvavidas de los presidentes municipales en la revisión de sus cuentas públicas, pues las anomalías e inconsistencias detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) pretenden ser borradas de un plumazo.
Los diputados encabezados por el perredista Alberto Amaro Corona, quien se ostenta como presidente de la poderosa Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado se han atrincherado en el edificio que alberga al OFS para aparentar que su proceder en la revisión de las cuentas públicas está siendo avalado por esa instancia, cuando no es así porque las anomalías e inconsistencias detectadas durante el ejercicio del año fiscal del 2017 no pueden ser solventadas por arte de magia y de la noche a la mañana.
Sin medir las consecuencias de sus actos, los legisladores locales se han dado a la tarea de vender la idea de que gracias a su intervención y al estímulo que pudieran recibir será posible elaborar dictámenes aprobatorios de aquellas cuentas que según la observación técnica y especializada del Órgano de Fiscalización Superior deberían ser reprobadas.
Ofrecen impunidad y eximir a los alcaldes en funciones de cualquier responsabilidad, situación que resulta totalmente falsa porque los futuros diputados ligados a la coalición electoral conformada por Morena, el PT y el PES que en septiembre tendrán el control del Congreso del Estado están enterados de esos acuerdos poco claros y podrían revisar la actuación de sus homólogos, lo cual abriría la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos y penales.
Un buen ejemplo de lo anterior es el caso del ex alcalde de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardínez, quien logró que la pasada legislatura aprobara su cuenta pública, sin embargo los actuales diputados ordenaron que se presentara la denuncia penal por presuntos malos manejos financieros que prosperó, al grado que el panista hoy en día se encuentra vinculado a un proceso legal y cada lunes debe ir al juzgado a firmar el libro para llevar su caso en libertad.
El diputado neo priísta José Martín Rivera Barrios no pierde oportunidad y estaría ofreciendo a los ediles que se encuentra en el camino limpiar sus cuentas públicas. Lo anterior lo podrían corroborar los alcaldes de Tzompantepec, Xaloztoc, Terrenate y San José Teacalco, quienes se dice que ya comprometieron las obras del 2019 a cambio de obtener el aval del Congreso del Estado respecto a sus estados financieros del año pasado.
Para nadie es un secreto que Rivera Barrios también es un próspero empresario constructor que cuando se desempeñó como alcalde de Terrenate se dio tiempo para ejecutar obras en su población y en otros municipios como Contla, donde por cierto dejó un cochinero que estaría por manchar su impoluto plumaje de buitre.
En lo personal dudo que el Órgano de Fiscalización Superior se preste al comportamiento ilegal que pretenden llevar a cabo los actuales diputados locales, quienes muestran una insaciable ambición a poco más de veinte día de dejar su cargo.
Pareciera que no ven la nueva realidad política del país y de Tlaxcala. Hoy nadie puede solapar y tolerar actos de corrupción sin enfrentar consecuencias legales.
Imagínese si al rato aparece un video que muestre a un diputado local recibiendo dinero u ofreciendo limpiar la cuenta pública de algún alcalde a cambio de un estímulo. Sería un escándalo mayúsculo que sin dudas daría la pauta a los futuros legisladores de Morena, el PT y el PES para iniciar una cacería contra los corruptos.
Si surge un escándalo de corrupción no dude que éste salpique al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, pues nadie podrá negar que la actual legislatura está bajo su ámbito de influencia y que él ha avalado la actuación de sus integrantes.
La apresurada y alterada aprobación de las cuentas públicas podría convertirse en un serio dolor de cabeza para muchos. Al tiempo.
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