Han pasado 88 días desde que José Aarón Pérez Carro asumió el control de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y su mano y su supuesta vasta experiencia adquirida en la PGR no se ve por ningún lado, porque los expedientes de casos sin resolver se siguen acumulando en su trayectoria como fiscal, lo cual habla muy mal de ese abogado que está lejos de cumplir con las expectativas generadas tras su regreso a Tlaxcala.
Cuando el nombre de José Aarón Pérez apareció en la terna que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez envió al Congreso del Estado para que los diputados designaran al procurador que ocuparía el lugar de Tito Cervantes Zepeda, quien dejó esa posición para tomar las riendas de la Secretaría de Gobierno, se gestó un ambiente favorable porque de inmediato se habló de la llegada de un hombre experimentado que inyectaría un nuevo dinamismo a esa dependencia que operaba sin alcanzar la efectividad esperada.
Sin embargo, los días pasan y la PGJE opera tal y como la dejó la administración del hacendado gobernador Mariano González Zarur, es decir, sin personal especializado, sin recursos tecnológicos y armamento, sin equipamiento y sin la voluntad que se requiere para llevar a los delincuentes tras las rejas.
Cada día y cada semana se apilan los casos sin resolver que dañan y lastiman a las familias tlaxcaltecas, quienes se sienten impotentes ante la incapacidad de una procuraduría que al parecer no quiere o no puede dar resultados.
Ejemplos sobran y la lista de los pendientes es enorme.
De los casos de los tlaxcaltecas ejecutados en Nativitas, Apizaco y otros municipios nada se sabe. Tampoco de los robos con violencia que se han cometido en diferentes municipios del estado y cuyas bandas se encuentra plenamente identificadas a través de videos, en los cuales aparecen sus integrantes y los vehículos que utilizan para cometer sus fechorías.
El procurador tlaxcalteca nunca lo reconocerá pero el crimen organizado opera en la entidad. Ahí están los cadáveres que han sido ubicados en Yauhquemehcan y Papalotla, así como los levantones y secuestros exprés que han sufrido habitantes de Apizaco, quienes también padecen el robo de camionetas con lujo de violencia.
Hace unos días un joven que se presume es familiar del ex alcalde de Yauhquemehcan fue asesinado con un balazo cuando viajaba en compañía de otros dos amigos. El lamentable homicidio es investigado y es la fecha que los familiares no tienen ninguna respuesta de las autoridades para detener al responsable o responsables de ese hecho violento.
Para nadie es un secreto que Pérez Carro fue uno de los fiscales que investigó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, que se llevó a cabo en septiembre del 2014. Siendo funcionario de la PGR no logró esclarecer ese ilícito que dañó severamente la imagen del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
El fantasma de ese lamentable suceso lo persigue y al parecer el funcionario acumulará otros expedientes que por lo que se ve tampoco podrá resolver. Hay que ver cuántos casos se apilan en un año para determinar qué tan efectivo ha sido o no el procurador tlaxcalteca que fue formado en la PGR.
Con estos antecedentes muchos dan por descartado que haya disposición de integrar más averiguaciones previas contra ex alcaldes que fueron acusados de malversar recursos públicos. También se da por muerta la denuncia que ex policías estatales acusados falsamente de secuestro exprés presentaron contra la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez y otros funcionarios de la PGJE que fueron señalados de tortura y otros delitos.
Por desgracia, la impunidad es la constante en Tlaxcala.
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