Casi 16 meses tuvieron que pasar para que las autoridades estatales reconocieran parcialmente el grave problema de inseguridad que se vive en Tlaxcala. Conforme pasan las semanas la situación se complica más, al grado que no se percibe alguna acción efectiva de las policías federal, estatal y municipal para enfrentar con efectividad a los delincuentes.
Desde finales del sexenio de Mariano González Zarur se encendieron los focos de alarma de la inseguridad, pues los huachicoleros empezaron a tener mayor presencia con sus actividades en Tlaxcala, así como el narcomenudeo, el robo de vehículos y el atraco a camiones de carga y negocios.
Mientras el número de delincuentes se venía incrementando y con ello el número de ilícitos reportados, en Tlaxcala el gobierno estatal prometió a mediados del año pasado aumentar en 50 por ciento el número de elementos de la policía, proceso que casi diez meses después sigue sin concretarse, al igual que el compromiso de dotar de más equipo y patrullas a la Comisión Estatal de Seguridad que dirige Hervé Hurtado Ruiz.
Si la policía estatal carece de elementos, equipo y patrullas para desempeñar dignamente sus funciones, imagínese las condiciones en que operan las policías municipales que cuando enfrentan una situación de alto riesgo muestran sus graves carencias.
Hace unas semanas en Papalotla cuando unos maleantes asaltaron la casa del diputado local perredista Alberto Amaro Corona se comprobó que los policías municipales que participaron en la persecución de los delincuentes carecían de armas y chalecos antibalas. Recientemente, también se constató que los uniformados de Zacatelco que enfrentaron a los huachicoleros en el municipio de Teolocholco no estaban armados, situación que provocó la muerte de dos elementos.
No se necesita ser experto en seguridad para llegar a la conclusión que las policías estatal y municipal están desmanteladas y con una limitada capacidad de respuesta para detener a los delincuentes.
Por más que presuman las autoridades que trabajan para mejorar la seguridad en la entidad, es una realidad que Tlaxcala carece de estrategia y coordinación. Sólo existen ocurrencias y mucha suerte para detener a uno que otro delincuente que es atrapado por un error atribuido a él y no porque los uniformados sean eficientes o capaces.
En el 2017 Tlaxcala logró una cifra histórica en el robo de vehículos al acumular un total de 2 mil 341 unidades desaparecidas, cifra que este año se podría superar si se considera que en el primer trimestre del año ese ilícito reportó un incremento del nueve por ciento.
Si para las autoridades estatales y municipales no resulta grave que en Apizaco se registren más robos de autos que en el estado de Yucatán, entonces estamos mal porque de entrada no se reconoce que ese problema requiere ser atendido con urgencia.
Desde hace algunas semanas los robos a comercios van en aumento al igual que los secuestros exprés registrado en Apizaco y en los municipios aledaños. Se calcula que al día por lo menos dos personas son perjudicadas con ese tipo de delito, lo cual ya empezó a alarmar a los habitantes de esa ciudad porque algunos se cometen a plena luz del día.
Imagínese cómo estarán las cosas en materia de seguridad que dicen que el procurador José Aarón Pérez Carro está más que arrepentido de haber aceptado el cargo, no sólo porque la dependencia opera en condiciones deplorables, sino porque ese funcionario, al igual que otros miembros del gabinete, tiene dificultades para acordar con su jefe sobre temas importantes, como la implementación de algunas estrategias y el cambio de personal.
El problema de la inseguridad es más grave de lo que se ve. Ojalá que el gobierno lo entienda, porque si no pronto veremos cómo se pierde la poca tranquilidad que aún nos queda.