La caradura de los legisladores locales es monumental y representa, sin dudas, una burla para los ciudadanos tlaxcaltecas que tendrán el 1 de julio la posibilidad de castigar o avalar el pésimo o nulo trabajo que realizaron en 16 meses, pues diez de ellos buscarán la reelección por un periodo más sin importarles los enormes pendientes que dejaron en el Congreso del Estado y que por lo visto pueden esperar.
En 64 días más veremos qué tan congruentes resultan los electores tlaxcaltecas sobre el tema de la reelección, porque si bien en encuestas y en pláticas de café hacen evidente su rechazo a esa medida, lo realidad es que diez diputados locales harán hasta lo imposible para mantenerse en el cargo y prolongar sus privilegios hasta agosto del 2021.
Si hiciéramos una evaluación sobre el desempeño de los 25 legisladores, lo más seguro es que ninguno obtendría el puntaje mínimo aprobatorio para seguir en el cargo, no sólo porque no cumplieron con la agenda legislativa, sino porque está claro que sólo manosearon problemas que pudieron resolver pero que optaron por ignorar para evitar complicaciones.
Sin mostrar autonomía e independencia, los diputados acataron la instrucción del gobernador del estado para posponer lo más que se pudiera la entrada en funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual si bien nos va empezará a operar a finales de este año o a principios del 2019.
Sobre la omisión de los legisladores pudiéramos dar varios ejemplos, como el conflicto del ayuntamiento de Ixtenco donde decidieron suspender arbitrariamente de sus funciones al presidente municipal y la síndico, Miguel Ángel Caballero Yonca y Lucía Rojas González, respectivamente, quienes ya recurrieron al Tribunal Electoral de Tlaxcala para defenderse de esa decisión presuntamente ilegal y excesiva.
Otro ejemplo sería el problema registrado al interior del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax) entre los desprestigiados comisionados. David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín desconocieron por sus pistolas a Marlene Alonso Meneses como presidenta del organismo, quien nunca mostró carácter para frenar el comportamiento misógino de sus compañeros.
Tuvieron que pasar semanas para que el Congreso del Estado decidiera tratar el asunto que también deberá esperar unos meses para que se conozca si los diputados tendrán el valor que se requiere para remover de sus cargos a los comisionados rebeldes David Cabrera y Francisco Morones.
Por lo que respecta al nivel de aprobación de leyes y reformas, es obvio que éste es reducido e intrascendente. Su efectividad en materia de fiscalización es nula. No hay ningún ex alcalde en la cárcel por sus malos manejos financieros y las anomalías registradas en el último trimestre de la administración de Mariano González Zarur que superaban los dos mil millones de pesos fueron avaladas sin la menor observación.
Los diputados que van tras la reelección son los priistas Enrique Padilla Sánchez, Ignacio Ramírez Sánchez, Arnulfo Arévalo Lara y Eréndira Cova Brindis. Del PVEM harán lo propio Fidel Águila Rodríguez y Aitzury Fernanda Sandoval Vega.
Por el PRD tratarán de mantenerse como legisladores Adrián Xochitemo Pedraza, Cesar Fredy Cuatecontzi Cuahutle y Alberto Amaro Corona. En el PAN lo hará Dulce María Mastranzo Corona.
Desde ayer el Congreso sólo tiene quince legisladores y la intención es mantenerlo así, porque la instrucción es no llamar a los suplentes, lo cual resulta ridículo porque demuestra la enorme ambición que existe de los actuales diputados que no sólo legislaron a su favor para la reelección, sino que quieren mantener sus privilegios y evitar que alguien más cobre sus jugosas dietas.
Los ciudadanos y ciudadanas tienen la última palabra sobre permitir o no la reelección.