Si alguien aún piensa que los diputados locales podrían ser multados y destituidos por no acatar una sentencia de un juez federal por el caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar, déjeme decirle que eso no pasará y que en unas semanas más el conflicto entrará en una ruta que conducirá a su solución.
Legalmente nadie puede obligar a los diputados locales a lograr una votación de mayoría calificada para aprobar un dictamen que establezca la ratificación o no del ex magistrado Fernando Bernal Salazar, por lo que los legisladores ya libraron la multa y la separación del cargo que tiene implícita una inejecución de una sentencia de amparo.
Por esa razón, es muy probable que los diputados sometan de nuevo a votación el caso del ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quien desde el 2014 inició un litigio para lograr su permanencia como miembro del Poder Judicial de Tlaxcala, pero sin tener la presión de lograr la votación mínima requerida o de cumplir con un tiempo fatal para acatar el fallo de la justicia federal.
Lo que es un hecho es que Fernando Bernal no será reincorporado como magistrado, porque es una decisión que el ex gobernador Mariano González Zarur está empeñado en mantener para demostrar que aún tiene influencia y poder en Tlaxcala.
Dicen que el hacendado habría recurrido nuevamente a la asesoría de su amigo el magistrado del Tribunal Colegiado, Othón Manuel Ríos Flores, para encontrar una solución al conflicto que afecta a su hijo Mariano González Aguirre, quien cobra como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política en el Congreso del estado.
El mencionado magistrado federal que fue un aliado clave de Mariano González en el pleito legal que sostuvo con los ortinotarios que fueron suspendidos en sus funciones durante su administración, habría recomendado mantener la simulación que existe en el cumplimiento de la sentencia de amparo hasta que se promueva un incidente de inejecución, pues ese procedimiento abrirá la puerta para ponerle punto final a ese conflicto.
Cuando se llegue a ese punto, quedará establecido que los diputados locales no podrán ser multados ni separados de sus cargos por no acatar un fallo de un juez federal, sin embargo la justicia a través de un Tribunal Colegiado tendrá facultades para ordenar que Fernando Bernal sea resarcido económicamente, es decir, que reciba una liquidación y el pago de sus prestaciones a las que tendría derecho como magistrado del TSJE.
Así como algunos ex magistrados han recibido su haber de retiro, Fernando Bernal podría obtener el suyo, así como el pago de todas las prestaciones que han cobrado los actuales magistrados, lo cual tendría que abarcar desde el 2014 a la fecha en que se emita esa nueva y probable resolución judicial.
De esa forma los diputados locales se librarán del problema que al final terminará en el Poder Judicial de Tlaxcala, pues los recursos para cumplir con esos pagos tendrán que salir de sus saqueadas finanzas.
El diputado Mariano González Aguirre y Elsa Cordero Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia podrán presumir que ganaron ese pleito y que tienen asegurado el control del Poder Judicial, aunque se hayan evidenciado como malos operadores para solucionar un problema que ellos mismos complicaron por sus exagerados ímpetus de protagonismo y venganza.
Fernando Bernal cumplió con su objetivo de evidenciar al ex gobernador y a los diputados. Su proceso de no ratificación como magistrado fue ilegal, sin embargo ya no dirá nada cuando reciba su abultada compensación económica.
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