Ocho meses no ha sido suficiente tiempo para que algunos titulares de dependencias estatales asuman el control de sus áreas, pues al parecer requieren de más días para aprender y dar resultados, sin embargo su proceso de aprendizaje puede tener un alto costo para la actual administración cuyo bono democrático está por caducar.
Dos áreas del gobierno estatal son las que se muestran más débiles y desgastadas ante la opinión pública. En materia de seguridad no hay resultados ni avances palpables y las mejoras en materia educativa sólo se quedaron en el discurso.
El responsable de la Comisión Estatal de Seguridad, Hervé Hurtado Ruiz, no puede con el paquete ni podrá sacar el barco del atolladero por más intentos cibernéticos que haga. La delincuencia ya le tomó la medida al funcionario y las cifras de la incidencia delictiva así lo demuestran.
En ocho meses ha sido incapaz de montar una estrategia que permitiera frenar el robo de camiones de carga en carreteras, el atraco a negocios y mucho menos detener el robo de vehículos que cada 30 días crece. En julio se superó la cifra de autos hurtados en Tlaxcala durante los años 2013 y 2014.
Hoy la preocupación de los tlaxcaltecas por la seguridad es real y un porcentaje importante de la población percibe que en esa materia no hay ningún tipo de resultados, de ahí que la trillada frase de que Tlaxcala sigue siendo de los estados más seguro del país pronto dejará de tener un efecto de calmante o consuelo para el malestar de los ciudadanos.
La inteligencia y la coordinación que debería existir en materia de seguridad es una quimera, al igual que el pesado currículum de Hurtado Ruiz que sólo sirvió para apantallar porque al final su supuesta experiencia no ayudó en nada.
En materia educativa las cosas no andan mejor, pues el programa más ambicioso de becas para estudiantes no se ve por ningún lado y muchos menos un mínimo cambio en la operación de esa dependencia a cargo del académico Manuel Camacho Higareda.
El investigador ha sido incapaz de romper la inercia negativa con que opera la Secretaría de Educación Pública. Un ejemplo más que evidente es el incumplimiento a la ley que obliga a las autoridades a entregar útiles escolares a los estudiantes.
Camacho Higareda tuvo siete meses para cumplir con esa disposición y sin embargo es la fecha que no sabe para cuándo se estarán repartiendo esos artículos, cuando el ciclo escolar inició el lunes de la semana pasada.
Los padres de familia ya compraron los útiles y además pagaron las cuotas que les cobraron en las escuelas públicas, cuyo destino final sigue siendo un misterio porque el secretario de Educación rehúye a hablar sobre el tema.
Arrancó el ciclo escolar 2017-2018 y las autoridades educativas perdieron la oportunidad de mostrar un cambio o poner en marcha un programa que demostrara que ese sector realmente es una prioridad para la actual administración estatal.
No se sabe para cuándo se pondrá en marcha el programa más ambicioso de becas que tanto se anunció y que hoy sólo existe en los discursos, porque en los hechos seguimos esperando su ejecución.
En fin, esos dos funcionarios resultaron una gran decepción.