En el Congreso del estado todo marcha sobre ruedas y hoy lo que prevalece es la camaradería ente los diputados locales. Todos hablan de lograr consensos y dejar las confrontaciones que impiden el trabajo legislativo, lo cual es poco creíble porque en realidad una gran parte de los legisladores empezarán su campaña para buscar un cargo más.

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Será difícil que la actual legislatura transite al terrrenos de los hostilidades y descalificaciones, pues sus integrantes saben que 20 meses son insuficientes para llevar a cabo cambios trascendentes en las leyes o en la fiscalización de los recursos públicos.

Desde ahora, los actuales legisladores locales tienen la mira en las elecciones del 2018 ya sea para buscar una diputación federal o el Senado o en el peor de los casos optar por la reelección para un periodo de tres años.

El reparto de las comisiones ordinarias fue un proceso de mero trámite que se vio frenado en algunos momentos por la disputa que se dio por la Comisión de Finanzas y Fiscalización que al final logró el perredista Alberto Amaro Corona, quien derrotó al «Huicho Domínguez» de la actual legislatura mejor conocido como José Martín Rivera Barrios, un ex alcalde y ex tesorero con uñas muy largas.

Como era de esperarse, el PRI se quedó con siete comisiones, el PRD controlará cinco y el PAN apenas si sumó tres para su causa. Las otras nueve comisiones fueron repartidas entre el PT, PS, PVEM y Panal, pues el PAC con Héctor Ortiz Ortiz decidió evadir cualquier responsabilidad que implique algún trabajo extra y mayor presencia en las instalaciones del Congreso de estado.

Y aunque ayer hubo diputados que intentaron mostrarse como opositores al gobierno del priista Marco Antonio Mena Rodríguez al señalar que la terna para procurador de Justicia será revisada y analizada, lo cierto es que el martes o jueves próximo la sometarán a votación y terminarán avalando al ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda.

Los diputados evitarán los roces y un desgaste innecesario que implique una mala imagen ante la opinión pública. El coordinador del PRD en el Congreso local Alberto Amaro ya obtuvo lo que quería, por lo que sin descuidar su labor iniciará los amarres que le permitan verse como abanderado del sol azteca para el Senado de la República.

Mariano González Aguirre hará lo propio y buscará brincar al Congeso de la Unión para seguir en la construcción de su proyecto ya sin la sombra de su papá el ex gobernador de Tlaxcala, en tanto que Héctor Ortiz recurrirá a una mayor exposición mediática para esperar invitaciones a participar en los comicios del 2018.

Otro priísta que refozará su trabajo y alianzas para convertirse en legislador federal es Enrique Padilla Sánchez, así como Sandra Corona Padilla que representa los intereses del Panal y la hoy expriísta convertida en neopanista Guadalupe Sánchez Santiago, hija del ex mandatario Emilio Sánchez Piedras.

Los primeros quince días de las nuevas autoridades

Con apenas dos semanas en sus cargos, es difícil evaluar el desempeño de las nuevas autoridades estatales, sin embargo ya existen algunas preguntas que no han tenido respuestas.

Por ejemplo si los funcionarios estatales que dijeron tener ciertos estudios en verdad pueden acreditarlos o simplemente incurrieron en una mentira para lograr un puesto en la administración de Marco Mena.

Estamos hablando de la titular de Finanzas, Alejandra María Marisela Nande Islas, de Efraín Flores Hernández que está a cargo de la Coordinación de Ecología, así como de Javier Romero Ahuactzi que es el responsable de la Secoduvi.

En la misma situación estarían Lenin Calva Pérez que se hará cargo de la nueva Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Álvarez Landa que se desempeña como Oficial Mayor de gobierno, la secretaria particular, Heladia Torres Muñoz y el secretario técnico del gobernador, Carlos Bailón Valencia.

Con estos antecedentes, hay que esperar los nuevos nombramientos del gabinete ampliado, pues sería lamentable que volvieran aparecer licenciados o ingenieros que no lo son porque su título profesional no es ubicado en el Registro Nacional de Profesionistas.