Rentar edificios de amigos para acomodar a la burocracia del gobierno es una acción que debe investigar el Congreso, si es que los diputados aún no salen a gastar sus ofensivos aguinaldos.
La construcción de la Mega Plaza Cultural, obra faraónica con la cual el gobernador de Tlaxcala, Héctor Ortiz, da por concluidos los esfuerzos de su gobierno, debe ser sobre todo ejemplo de transparencia, pues transcurrida la mayor parte del trecho sexenal muchos son los ojos que ven cada acción del mandatario, para impedir cualquier intento de convertir esta obra en el inicio del año de Hidalgo.
Conste que el derribo de los edificios comenzó sin licitación previa y con una prisa tal que corre el riesgo de convertirse en una cadena de atropellos, donde lo único que interesa es ganar terreno, a costa de dolor e indignación de quienes por décadas habitaron estos terrenos.
En la zona no existen construcciones con vestigios ni coloniales, ni anteriores. Se trata de un conjunto de edificios, de cincuenta años de edad en promedio localizados en la vialidad más transitada de la capital tlaxcalteca, y por lo tanto, con ubicación inmejorable para que aquí contemos con una plaza que nos enorgullezca.
Mucho se ha especulado respecto al destino del amplio predio y más los errores de personal del propio gobierno para convencer, por ejemplo a los padres de familia de la primaria Lardizábal.
Hoy, el reto para seguir con la demolición es bien sencillo: convencer a trabajadores de la Secretaría de Salud, de dejar la vieja sede, cuyo destino es el hierro de las motoconformadoras y los buldóceres enviados por el secretario Adalberto Campuzano a no dejar piedra sobre piedra.
Digo que bien sencillo porque habrá que ofrecer una alternativa viable para el traslado y no el incómodo edificio el litigio entre miembros de la familia Temoltzin, tristemente célebres por sus desencuentros, incluso con violencia de por medio.
He aquí que el gobierno de Héctor Ortiz debe estar consciente de que ni los burócratas de Sesa, ni los ciudadanos comunes y corrientes, ignoramos que en el arrendamiento de este tipo de bienes, se da uno de los más escandalosos negocios que, como decíamos al inicio puede tratarse del año de Hidalgo.
Los señores diputados, listos para iniciar su puente Guadalupe-Reyes, tienen el gran reto de poner nombre a cada oficina rentada por el gobierno, hacer sumas y caer en la cuenta de que con ese recurso mal gastado es posible construir instalaciones nuevas, que significa creación de empleos e incremento del patrimonio del Ejecutivo.
Pero sacar del gasto corriente carretillas de dinero para darlo a casatenientes con gran influencia en el gobierno es tan chueco que duele describirlo en estas líneas.
Reconocimiento al diputado Julián Velázquez Llorente
La Ley de Salud, con sus novedades en el Seguro Popular y otras políticas que marcan el lado positivo de la administración Calderón, fue el único documento aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, con un cabildeo efectivo en la persona del diputado Julián Velázquez Llorente, según lo reconocen los grupos parlamentarios y lo respalda la felicitación personal recibida de parte del mismo Presidente.