Aunque el hacendado Mariano lo niegue, en los hechos ya opera su salida y desde ahora protege a quienes hicieron negocio en su administración.
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Algo no huele bien en el gobierno de Mariano González Zarur y la salida de funcionarios cercanos al mandatario que manejaron recursos millonarios del 2011 al 2014, hace pensar que el hacendado está preocupado por el cierre de su administración.
De confirmarse en los próximos días la salida de Roberto Romano Montealagre de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), el mandatario priista prácticamente habrá removido a tres servidores públicos que dispusieron de presupuestos importantes, mismos que en diferentes momentos fueron acusados de corrupción.
El primero es Saúl Pérez Bañuelos, ex director Administrativo de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET). El controlaba los recursos de esa dependencia sin tomar en cuenta a su jefe Tomas Munive Osorno.
Para nadie es un secreto que desde la USET se financiaron proyectos políticos bajo las órdenes de Mariano González Aguirre.
El otro es Jonatan Bretón Galeazzi, ex titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa). Se dice que en esa dependencia el negocio se hizo a través de la compra y repartición de fertilizantes.
Basta recordar que nunca se aclaró el destino de miles de toneladas de ese químico ni el robo de documentos relevantes que derivó en el asesinato de una mujer policía.
El otro eslabón de esa cadena de complicidades es Roberto Romano, encargado de ejecutar y realizar las obras públicas de la actual administración.
La versión de su salida se dio desde el lunes cuando el representante de Romano dejó de asistir a las pre-giras que se organizan para planear los eventos del mandatario estatal. Alguien preguntó los motivos de su ausencia y la respuesta fue que estaba preparando la entrega recepción del titular de la Secoduvi.
Aunque la versión oficial es que el primero se fue porque le perdieron la confianza, el segundo por problemas de salud de sus padres y el tercero porque ya cumplió su ciclo, lo cierto es que pareciera que González Zarur los busca proteger y nombrar a otros funcionarios para que se encarguen de cerrar su administración sin que a los primeros se les pueda involucrar en alguna irregularidad.
Quizá la idea es que en los siguientes meses se acumulen otros errores y papeles que generen el olvido de los manejos poco claros que tuvieron Romano, Pérez y Bretón. El calvario lo tendrán que vivir los funcionarios que cierren la administración, sobre todo si el próximo gobernador es ajeno al PRI o un político sin ningún interés en proteger al hacendado gobernador.
Ya sólo falta que Jorge Capíz Jaso, director de Compras del gobierno estatal, también sea removido de su cargo. Actualmente lleva la batuta de las adquisiciones y el decide cuándo, cómo y con quién se hacen las compras. Pero de él nos ocuparemos otro día porque su expediente cada día crece más.
El arranque de las campañas
El domingo arrancarán formalmente las campañas de los candidatos a diputados federales en los tres distritos en que se encuentra dividido el estado.
Aunque el PRI como es su costumbre dice que encabeza las preferencias electorales, en los hechos enfrentará una dura competencia en el distrito 1 con la participación del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya.
En el distrito 2 y 3 no hay nada definido para nadie. El PRI en ambos casos le apuesta al voto duro y a su estructura, pero con la desventaja de que ahí los candidatos son plenamente identificados con el gobernador Mariano González. Se comprobará si pesa más el amor al tricolor o el rechazo al hacendado.
Las cuentas del TSJE
Hace unos días en este espacio se manejó que la actual presidenta del TSJE, Elsa Cordero Martínez, había cometido excesos en el manejo de los recursos del Poder Judicial.
Cometí un error al hacer señalamientos que no se apegan a la realidad, pues la magistrada no ha realizado ningún gasto en banquetes de celebración por un monto de más de cien mil pesos, ni ha realizado pachangas que implicaran el consumo de bebidas embriagantes .
Otra precisión es que Cordero Martínez no autorizó el haber de retiro para el ex presidente del TSJE, Tito Cervantes Zepeda, pues el monto de un millón doscientos mil pesos fue avalado por el Consejo del Poder Judicial de Tlaxcala.
En breve se espera que Elsa Cordero presente un informe financiero del TSJE. Se conocerá el déficit que arrastra ese poder y las condiciones en que ella recibe las finanzas. Los datos serán duros y se sabrá quién es responsable de qué.