La Segob descartó a la delincuencia organizada y al ajuste de cuentas en el móvil del asesinato del ex secretario de la administración de Héctor Ortiz
Mientras al secretario de Gobierno, Ernesto Ordóñez Carrera, le ha parecido propio atribuir la tardanza para entregar los restos de Andrés Hernández Ramírez a sus familiares, “a que más de una mujer los reclamaba”, la búsqueda de culpables sería una consigna de la procuradora en contra de ex funcionarios del gobierno orticista, según filtraciones de personal de esa institución.
Supimos que el alto mando en Tlaxcala presionaría en el ámbito de la procuración de justicia para aprehender ex funcionarios, aprovechando el clima de terror derivado de la ejecución de quien estuviera al frente de la Secretaría de Finanzas.
En ese contexto, pareciera que a la investigación científica, la suplen los odios personales de quien en pleno descenso buscara aprovechar la coyuntura para quitar obstáculos a su proyecto electoral.
Y bajo esa rara coordinación de esfuerzos, el encargado de la política interna del estado, en tanto espontáneo vocero de la procuraduría ha lamentado que, “por la sorpresa los deudos de Andrés no cooperan con la investigación”.
No sólo eso, Ordóñez también descartó que se trate de un acto de la delincuencia organizada o de un ajuste de cuentas. “No nos pueden medir con el mismo rasero”, dijo, al comparar a Tlaxcala con estados del norte del país.
Así, van construyendo hipótesis, acaso arbitrarias que, amplio trecho de por medio con la seriedad que este clima de violencia demanda, verían productiva la incriminación de ex funcionarios y, han dejado correr el rumor de próximas y espectaculares aprehensiones.
Creo que la solidaridad del gobernador con las desesperadas familias de quienes en esta violenta jornada perdieron la vida, sería un acto justo como de raíz no puede serlo mediante la estrechez de Ordóñez.
Justificar la dilación en el trámite forense, “a más de una mujer reclamando el cuerpo” describe a un ente con obsesiones de género y hasta, dicen, con una lista negra para anotar en ella a quienes osen evidenciar esa conducta.
Es cierto que la violencia es incomparable con estados de mayores dimensiones demográficas, pero el apoyo del Gobierno Federal urge, no solo en función de la confianza que infunde la presencia del Ejército, o la intervención de prestigiosos investigadores, sino para erradicar la consigna como mecanismo tras nuestra cerrazón, yo diría, tras nuestra injusta idea de autosuficiencia.
En realidad, no queremos que el país se dé cuenta de cómo vivimos. No queremos una foto del autoritarismo de cuerpo entero, de que a nuestro alto mando, ni el Presidente lo puede reconvenir porque más que un gobernador constitucional, tenemos despachando a un monarca.
Triste es que a eventos de horror haya quien saque raja.
La estocada de Mena
A un líder de la mayoría legislativa le sería menos oprobioso guardar para consumo interno, lo que ha llamado la estocada a los doce reclamantes de la elección de la Permanente con una votación dos sufragios menos de los exigidos por la Ley.
¿Puede alguien hacer fiesta porque progresó en la ilegalidad?
El diputado Marco Antonio Mena Rodríguez sí.
El mismo que ha impulsado los informes de gobierno fuera de la sede legislativa, como lo mandata la Constitución. Miembro del grupo Nueva Generación que apoya a Marianito para ser candidato a diputado federal, y eventualmente supla a su padre en el palacio de gobierno.
Celebrar la ilegalidad cuenta con medios dispuestos a tomar nota en calidad de autómatas, y celebrar como sus mecenas la asquerosa elección de un perredista como el diputado Calyecac, presidente de la Comisión Permanente.
Evidencias de persecución
Se acerca el ocaso del régimen y en el año de la consolidación a la vergonzante parálisis y a la penosa pobreza del estado más sufrido surge lo más lastimoso, ¿una procuraduría que actúa por consigna?
Ámbitos como el financiamiento a los pequeños productores, el de la obra pública, entre otros, se han anotado en una agenda perversa que hasta puede llevarse entre las patas a funcionarios vigentes. Y con ellos, descubrir más y más actos de corrupción.
Así acaba, adelantado, un régimen que busca candidatos a quienes culpar por su inacción.
El conformismo presupuestal, las devoluciones millonarias y los litigios perdidos, con multimillonarias multas como en el caso de la Central de Abasto. Las clausuras con un impagable costo social, como la Plaza Bicentenario, ponen de relieve a un proyecto obcecado en encontrar culpables.
Y qué mejor que desatar una cacería de brujas en tanto distractor del brutal desempleo y la economía en picada. Es lógico, las encuestas no dan cuartilla por un sistema de gobierno con estos fracasos.
Si no reacciona, como sea, seguirá hundiéndose.
Y perdiendo elecciones.