La idea no es descabellada, pero primero tendría que someterse a un verdadero detector de corrupción, buscando un mínimo de credibilidad para que su iniciativa prospere

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¿Por qué tuvo que esperar la administración de Mariano González Zarur, hasta su etapa complementaria para proponer la calidad de honoríficos, a quienes integren los ayuntamientos?

Primero, porque en la eventualidad de aprobarse por el único Congreso del país que valida votaciones incompletas, no sería en su sexenio cuando detonase la inconformidad de quienes han visto a las regidurías como el negocio de su vida.

Hoy, el chantaje en los cabildos para asignarse mesadas de cincuenta mil pesos para arriba, tiene maniatados y sin recursos a los alcaldes, administrando lo poco que les queda tras el saqueo de los recursos municipales.

A los presidentes de comunidad tampoco les va mal. Además de los diezmos, no pierden el tiempo en abrir cancha a familiares, amantes e incondicionales, en los diversos puestos administrativos.

Lo malo es que a año y medio de vigencia –en cuanto se conozca a quienes en las urnas disputen sustituirlo, su convocatoria sencillamente desaparecerá- a este gobierno se le prendió el foco.

La propuesta suena interesante, siempre y cuando fuese ejemplar el comportamiento de funcionarios chicos y grandes con respecto a los presupuestos.

Pero, una administración estatal perforada como queso gruyere, carece de la calidad moral necesaria para proponer semejante medida.

Aquí, comercializadoras, constructoras, consultorías y asesores, se llevan la tajada grande de los recursos.

Y así como ha observado la paja en los ojos de los alcaldes, sería bueno que el jefe del ejecutivo notase la viga en el propio cuando intente controlar el latrocinio de subordinados y colaboradores, suponiendo que ellos sirviesen emocionada y desinteresadamente al estado.

¿Por qué no pensar en la revocación del mandato?

Que sea el pueblo quien decida si regidores, alcaldes, diputados, magistrados o el propio gobernador, dejen el puesto cuando su desempeño sea, digamos dentro de los estándares actuales.

Imagine usted a un oficial mayor honesto, a un procurador independiente, a los diputados cumpliendo son su obligación de contrapesos y vigilantes, a jueces imparciales y derechos.

Es tema constante del marianismo ver los defectos en los demás, pensando que su desempeño es nítido y bien visto por la gente.

Si pusiera orden con los suyos tendría la calidad moral para pedir cambios en los demás.

Así que no estaría de más:

1.- Informar en manos de qué funcionarios operan las comercializadoras que suelen ganar los concursos para hacerse proveedores y también acostumbran ganancias exponenciales financiando al gobierno con dinero que ni siquiera es de ellos.

2.- Revelar las nuevas listas de aviadores (pero de la Real Fuerza Aérea) hoy llamados asesores jurídicos, cobrando millonadas y con un desempeño francamente malo.

3.- Transparentar el capítulo de la obra pública para evitar sospechas de que hay algunos beneficiados.

4.- Rendir un informe de los millones de pesos devueltos a la Federación a causa de proyectos truncos, a causa de la incapacidad (por ejemplo los tres mil millones para saneamiento del río Zahuapan).

Tal vez al conocer cómo el presupuesto ha decrecido año tras año, encontraríamos la razón que ha movido al ejecutivo tlaxcalteca a pensar en quitar a alcaldes, regidores y presidentes de comunidad, la parte del botín a la que han accedido, tras ciclos y ciclos de conflictos.

Por lo pronto, el comunicativo y opinador secretario de gobierno tiene la gran oportunidad de poner sus barbitas a remojar, bueno, las barbotas de todo el Ejecutivo pues, si en este momento recurriésemos al Referéndum, la verdad le iría como en feria.